Este es un video que presenta la situación actual del rascacielos que pretende ocupar el lugar de edificio más alto del mundo. El reportaje se ha colgado a finales de agosto y presenta el estado de la estructura de 700 mts de alto y 160 plantas. Es interesante puesto que ofrece una visión de la apuesta de desarrollo urbano en la que está embarcado el Emirato de Dubai como parte de su estrategia de posicionamiento económico global
Reflexionar sobre la posibilidad del decrecimiento de las ciudades puede parecer exótico en un contexto de crecimiento exponencial de la población. Sin embargo, es algo que está ocurriendo en algunos lugares del mundo como consecuencia de una reducción demográfica acelerada.
Los expertos consideran que un país ha alcanzado el equilibrio poblacional cuando la tasa de reproducción es de 2, 1 hijos por mujer fértil. Esta tasa ha descendido fuertemente en épocas recientes en algunos países, entre ellos los europeos y España a la cabeza,. Sin embargo, la urbanización ha seguido un patrón de crecimiento acelerado como consecuencia de la inmigración y del incremento de los hogares monoparentales, de una sola persona o adulto con hijo. Es curioso que el mercado inmobiliario haya seguido produciendo masivamente viviendas al ser consideradas también como una fuente de ahorro e inversión, a pesar del estancamiento de la población. Es significativo que este retroceso poblacional lleva tiempo produciéndose en los países que han alcanzado un mayor desarrollo económico en las últimas décadas, lo que se lleva a identificarlo como un símbolo de progreso. Uno de los casos más extraordinarios a este respecto es el de Japón que alcanzó los 128 millones de habitantes en 2005 y que, debido al envejecimiento acelerado de su población, se espera que reduzca su población hasta solo 95 a lo largo de los próximos cuarenta años. En ese país, los nacimientos correspondientes a la tasa de reproducción llegaron a un límite record de 1,26 por mujer en 2005. Recientemente la revista Economist, del 3 de agosto de 2007, ha llevado a cabo una curiosa reflexión sobre este asunto, como la disminución de la población influye en la ordenación de los territorios y las ciudades con la consecuente escasez de la fuerza de trabajo disponible. Para señalar la gravedad del asunto presentaba la evolución en cien años de la pirámide de población japonesa con la siguiente metáfora visual: Japón pasaría de tener la forma de un árbol de Navidad a la de una cometa. Un reflejo gráfico de la transición entre una situación poblacional con gran proporción de gente joven a otra caracterizada por una alta tasa de población mayor de 60 años y una escasez preocupante de niños. En el país asiático, se estima que el número de aquellos por debajo de los veinte años se reducirá de los 16 millones de la actualidad a 3 millones en el escenario temporal analizado. Presentaba el caso de un pequeño caserío en la costa del mar de Japón, Ogama, los escasos habitantes que aun permanecen en este enclave, han vendido su valle natal para que sirva de vertedero de desechos industriales según cuenta el reportaje de la revista. Con esos recursos podrán emigrar a lugares mejor dotados de servicios, mudándose probablemente a una ciudad cercana en un futuro próximo. Como es usual, la estrategia de los responsables políticos en muchos lugares para evitar este tipo de declive de los municipios consiste en inventar grandes obras públicas o servicios que generen trabajo y actúen como atractores de actividad. Los representantes de los organismos públicos locales, ayuntamientos, empresarios y comisiones de ciudadanos, acostumbran a peregrinar a las capitales, reclamando inversiones de todo tipo con el objetivo de mejorar supuestamente lugares que, en realidad no lo necesitan. La creación de nuevas vías y asfaltados redundantes, subvenciones a agricultores inexistentes, festejos innecesarios y servicios con escasos usuarios suelen estar en la lista de demandas más habituales. Debería reflexionarse sobre si el crecimiento económico es necesariamente un buen objetivo en sí mismo. Por el contrario, podría argumentarse que, en la situación actual de desaparición creciente de recursos, es conveniente la disminución de la actividad en los países más desarrollados. No es necesario ni saludable para una comunidad llevar a cabo decenas de puertos deportivos o centros comerciales por doquier. En la mayor parte de los casos, como es obvio, obedecen a la ambición de rentabilizar operaciones particulares fuertemente especulativas que no tienen como objetivo el bien común, en la mayor parte de los casos. Un caso curioso de implementación de estrategias alternativas para afrontar el decrecimiento urbano es el de la ciudad de Aomori, con 300.000 habitantes situada en el norte de la isla japonesa de Honshu. El clima de esta zona septentrional se caracteriza por unas bajísimas temperaturas y grandes cantidades de nieve durante el invierno. El lugar cuenta también con una altísima proporción de personas de edad avanzada y hogares monoparentales, muy superior a la que existe en el resto del país. Considerando los enormes costos que suponía el mantenimiento de las calles en invierno, el gobierno local ha adoptado una serie de medidas destinadas a concentrar la decreciente población y para ello ha redefinido su plan de ordenación urbana para reducir el tamaño de la ciudad. Una primera opción ha sido marcar claramente los límites de la urbanización para evitar en lo posible el desparramamiento habitual de la edificación. Así mismo, se ha decidido a agrupar en el centro de la ciudad las sedes de las posibles instituciones y equipamientos que sea necesario llevar a cabo en un futuro no muy lejano como por ejemplo, la biblioteca, el mercado, un nuevo hospital, etc. Por otra parte, se han transformado las calles principales facilitando su uso peatonal y la mejora generalizada del transporte público para aumentar el atractivo de la zona central al objeto de facilitar la reconstrucción de los espacios más próximos con edificación residencial de mayor densidad. Por el contrario, los responsables municipales han advertido a la población de la imposibilidad económica para ofrecer servicios en la periferia más allá de lo básico, buscando con ello desincentivar la disgregación de las viviendas en el territorio y favorecer así una ciudad más compacta. En cualquier caso, el costo económico de dotar con infraestructuras y servicios en emplazamientos remotos es un despilfarro irracional que en pura lógica no debería ser asumido colectivamente, incluso en sociedades con menores recursos. Yendo más allá, el gobierno central japonés está tratando de implementar una reorganización política que reduzca drásticamente el número de entidades poblacionales con capacidad para la gestión administrativa. De esta manera, se pretende una concentración de los escasos recursos para la mejora de los servicios con destino a un conjunto poblacional más amplío y permitir con ello una base mejor para los impuestos necesarios al mantenimiento de las infraestructuras y servicios comunes. Este ejemplo de una sociedad que afronta un decrecimiento poblacional suena a ciencia ficción, pero podría considerarse también una utopía posible, incluso necesaria, allí donde se propugna un crecimiento sostenible. El paradigma del crecimiento sostenible se ha convertido en una frase hueca puesto que plantea una contradicción básica. En una primera lectura podríamos considerar que lo que se pretende es perpetuar el crecimiento de una manera constante. Lo ciertos es que para poder mantener un desarrollo de mejor calidad en el conjunto del planeta debería cambiarse el objetivo y propugnar la tesis del decrecimiento como alternativa real al desideratum falso del crecimiento sostenible. En estos momentos y en las condiciones actuales de actividad económica, sería necesario decrecer en los países avanzados para que los más desfavorecidos puedan acceder a bienes básicos para su supervivencia. No obstante, está claro que esto es una utopía irrealizable en las condiciones actuales de manipulación informativa y política. Como ejemplo se podría reseñar la constante referencia periodística a indicadores que apoyan la insostenibilidad del modelo actual como el que se refiere, por ejemplo, al crecimiento genérico del Producto Interior Bruto de los países. En cualquier caso este indicador debe de valorarse en su referencia al conjunto de personas que componen esos países. Así según Nation Master, la clasificación estadística del PIB por capita relacionado con la capacidad de compra, nos da como resultado que un pequeño país como Luxemburgo tiene el record actual de capacidad de compra con más de 70.000 $ per capita frente a Senegal, Costa de Marfil, Burkina Fasso, Malí, Sierra Leona, y Liberia con 1.720, 1.612, 1309, 1231, 887 y 882 $ per capita, lo que viene a reflejar la enorme disparidad e injusticia entre los países que propicia el sistema económico imperante. Yendo más allá, podríamos considerar un indicador alternativo como el que representa el índice de Gini. El coeficiente que definió el estadístico Corrado Gini, permite establecer una medida de la desigualdad en cualquier tipo de sistemas. En referencia a la distribución de los ingresos familiares y su desigual reparto, la aplicación del índice de Gini a los países nos ofrece una desoladora perspectiva, puesto que los países más pobres son los que cuentan, por lo general con una mayor desigualdad. Es el caso otra vez, de Sierra Leona, Malí, Burkina Fasso Costa de Marfil y Senegal en los puestos número 4, 25, 31 y 49 de máxima desigualdad sobre un total de 122 países analizados. Lógicamente, es a partir de estos datos cuando se constata que sean estas naciones de África Occidental los principales lugares exportadores de inmigrantes hacia Canarias. La sustitución de los indicadores económicos por otros que reflejen más efectivamente un verdadero desarrollo humano, en una valoración cualitativa, es una tarea necesaria e inaplazable para superar la creciente manipulación de nuestras conciencias, la cual corresponde al gremio de los economistas.
Evolución de la red viaria metropolitana de Madrid, 1960-2000. J.M. Ezquiaga
Recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido la necesidad de limitar a tres o cuatro plantas la altura de la edificación en el ámbito de esa región española. Una propuesta de contenido urbanístico discutible.
Las razones para esta restricción no están claras. Puede venir motivada por una simplificación política sobre como controlar la forma general de la ciudad para propiciar una imagen más armónica o tradicional. La propuesta también podría derivar de una vaga idea para evitar una excesiva concentración de actividades o una excesiva densidad de la urbanización en puntos concretos. Lo que sí refleja la propuesta es desconocimiento en la comprensión de los mecanismos que conforman el desarrollo urbano. Una altura de cuatro plantas puede dar lugar a una fuerte densidad edificatoria a través de una ocupación completa del suelo, próxima a los 4 m2 de construcción por m2 de parcela o suelo disponible (m2c/m2s) lo que, con calles de escasa sección generaría una masificación parecida a la existente en los cascos históricos de las ciudades europeas. Una alternativa diferente dentro del mismo parámetro de altura podría establecer un límite de 1 m2c/m2s lo que significaría el mantenimiento como espacios libres de parcela del 75 % de la superficie y, con ello, una imagen de ciudad completamente diferente. En este último caso, y con calles de ancho suficiente para la plantación de arbolado se podría estar ante espacios urbanos más armónicos con una gran presencia de vegetación. El mecanismo de la ocupación de la parcela se vuelve relevante desde esta perspectiva. Con una misma altura máxima se podría tener dos formas de ciudad completamente diferentes: la ciudad compacta, característica de los cascos más consolidados o la ciudad abierta con alta proporción de jardines. Sirva esta anécdota banal para introducir los afanes económicos y urbanísticos de la ciudad de Madrid, una de las regiones urbanizadas con mayor capacidad de desarrollo en Europa. Desde hace algún tiempo, la potencia de crecimiento que experimenta la conurbación en torno a la capital administrativa del estado español es sorprendente si consideramos su posición geográfica. La región metropolitana ha alcanzado los seis millones de habitantes en un tiempo record, y su sistema económico ha ido transformándose en un fuerte atractor de inversión, eclipsando paulatinamente al resto del país. En Madrid existe una consciente dinámica, social y económica, relacionada con su papel como centro financiero y político que incentiva el desarrollo extensivo de su región metropolitana y que ha ido conformando un gran espacio bastante bien organizado con un carácter policéntrico, y que ocupa el centro geométrico de la península ibérica. El papel que Madrid encarna en el mundo contemporáneo ha ido creciendo de una manera importante a lo largo de todo el siglo XX. Hoy en día representa un notable polo de concentración global. De acuerdo a la metodología para la clasificación mundial de ciudades que ha desarrollado el Globalization and World Cities Study Group (Grupo de estudios sobre la globalización y las ciudades) de la Universidad de Loughborough, relacionada con la capacidad de atracción de flujos y comando territorial, Madrid se integraría como una ciudad beta con fuertes aspiraciones de alcanzar un status hegemónico dentro del entorno europeo. La aglomeración metropolitana madrileña se esfuerza denodadamente por lograr un crecimiento a toda costa, espoleado por sus elites políticas y empresariales. Madrid está en plena competición con otras ciudades europeas para incrementar status de metrópoli de primer orden, intentando emular los éxitos que han llevado a Londres a configurarse como una de las principales ciudades del comando del sistema financiero en la cúspide jerárquica mundial. El poder que se deriva de este proceso de concentración se ha ido convirtiendo en imparable en las actuales condiciones del sistema económico imperante y tiene como objetivo la ordenación, jerarquización productiva y de distribución de amplías zonas geográficas del planeta en una suerte de metástasis imperial que se apoya en una gran disponibilidad de combustible barato que facilita los intercambios. El papel de las marcas globales es importante para identificar la potencia de una región en el mundo. Señalaba un taxista madrileño en una entrevista radiofónica, que al recoger a unos turistas en el aeropuerto, le solicitaron si podía trasladarlos a los lugares más relevantes. Sorprendentemente, las atracciones a las que se referían eran el estadio del Real Madrid, el Corte Inglés y la M-30, reflejando el poder global de determinadas marcas y lugares relacionados con la capital española. Es significativo que las grandes infraestructuras representan actualmente el papel monumental que las catedrales tuvieron en el pasado. Puede que la situación esté a punto de cambiar y el coste de los suministros energéticos basados en el petróleo alcance un valor prohibitivo en fechas no muy lejanas en el futuro. En ese caso, las grandes metrópolis europeas, ya altamente insostenibles y que dependen de todo tipo de suministros provenientes de lugares lejanos, dejen de ser eficientes desde una perspectiva meramente económica y entren en un período convulso. El desarrollo de los aprovisionamientos y de los sistemas logísticos basados en la disponibilidad de combustible barato ha llegado a un altísimo nivel de sofisticación, permitiendo el disfrute de bienes exóticos en los entornos metropolitanos mejor comunicados y con mayor poder adquisitivo. Como ejemplo, incluso el escaso pescado que se obtiene en esta parte del Atlántico sirve para el abasto de los madrileños que pueden degustarlo, en algún caso, acompañado por vinos con denominación de origen producidos también en las islas Canarias. La metrópolis imperial por excelencia, Roma, tenía más de un millón de habitantes en su momento de mayor esplendor histórico. La organización del mundo romano convergía también en un pequeño territorio a orillas del Tiber, que acabó sucumbiendo ante la incapacidad para mantener el control sobre unas fronteras cada vez más extensas. A comienzos del Renacimiento después de más de mil años, las vacas todavía pastaban en las ruinas del Foro Romano y su población se había reducido a una dimensión similar a la de un pequeño caserío rural con unas escasas decenas de miles de personas. Una suerte similar puede esperar a los grandes territorios urbanizados europeos, una vez empiecen a aparecer dificultades derivadas de un previsible incremento del coste de los combustibles como consecuencia de una creciente escasez. Por ahora la región urbana en torno a Madrid ha ido acelerando paulatinamente la concentración de todo tipo de recursos. Es el caso de las obras llevadas a cabo para la expansión de su aeropuerto. Los costes financieros que han transformado a Barajas en un nodo aeroportuario de primero orden mundial han superado los 8.000 millones de euros, (más de un billón trescientos mil millones de pesetas), lo cual va a permitir que se puedan mover más de setenta millones de pasajeros anuales en un futuro no muy lejano. Estos recursos han sido extraídos del conjunto de la red aeroportuaria española a través de la empresa pública estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), cuya sede central se encuentra en Madrid. Aeropuertos nacionales sumamente rentables, como los ocho que conforma el sistema aeroportuario canario y que mueven ya más de 25 millones de pasajeros anuales, han servido de soporte para la gran inversión madrileña. Con ello se ha reforzado extraordinariamente la centralidad continental de la capital del estado. AENA es una empresa pública con escaso control democrático que, en los últimos años, se ha transformado en un mecanismo discreto para vampirizar los recursos que se producen en los aeropuertos españoles en beneficio de una sola región. Algo similar ha ocurrido en lo que respecta a las carreteras de la Comunidad de Madrid. La red viaria metropolitana de la capital del estado se ha configurado como un entramado que permite una accesibilidad isótropa o equipotencial a una vasta superficie geográfica. El soporte infraestructural es un elemento básico y fundamental para lograr un crecimiento equilibrado, algo que se ha tenido muy en cuenta en la planificación espacial de Madrid. En las últimas décadas se ha invertido fuertemente en la implementación de sucesivas vías de carácter orbital, las M-40, M-45 y M-50 junto con el reforzamiento de las carreteras radiales, hacia Barcelona, y hacia la Coruña, lo que ha dado lugar a un espacio geográfico altamente accesible para el tráfico rodado. La referencia más impresionante en relación a las actuaciones viarias ha sido el masivo soterramiento del primer cinturón de la ciudad, la M-30, obra que ha costado más de 5.500 millones de euros y ha dejado endeudado masivamente al Ayuntamiento de la ciudad por un plazo superior a cuarenta años, (ver noticia reflejada en el diario El País del 13/08/2007), en una intervención por la que pasara a la historia el actual alcalde madrileño y que, de una forma o de otra, acabaremos pagando el conjunto de los ciudadanos de este país. La megalomanía del alcalde Gallardón y su ansía de protagonismo frente a la presidenta de la comunidad autónoma, Esperanza Aguirre, ha logrado generar una hipoteca financiera para esa corporación municipal sin parangón en el conjunto de las corporaciones locales españolas y que va a lastrar al municipio de Madrid durante varias décadas. Otras muestras de las ansías y excesos inversores de Madrid en connivencia con las instituciones del estado, se pueden enumerar en multitud propuestas en marcha relacionadas con la actuación combinada del sector privado y el público en todo tipo de campos: los grandes rascacielos, como en el caso de las torres de la ciudad deportiva del Real Madrid, que van a trasladar hacia el norte el centro de gravedad financiero de la metrópoli, o las acciones de desarrollo de infraestructuras culturales potentísimas como las ampliaciones en curso de los museos del Prado y Reina Sofía o la sede del CaixaForum. El refuerzo de la iniciativa privada en el proceso de concentración de poder económico y administrativo también es evidente en la estrategia para el aumento del poder y atractivo de la región madrileña. Las recientes terminaciones de las sedes empresariales de Telefónica y del Banco de Santander, a la manera de ciudades corporativas, van a contribuir colateralmente al reforzamiento de la centralidad, en consonancia con el crecimiento de la capacidad de influencia y poder económico que ha experimentado España en el panorama mundial. Desde la periferia habría que exigir una mayor contención de las ansías centralizadoras y un reparto más equitativo de los recursos públicos nacionales para poder llevar a cabo un desarrollo más armónico de las regiones que no cuentan con estructuras metropolitanas tan potentes como las madrileñas o catalanas. Madrid se ha ido convirtiendo en una especie de agujero negro que absorbe todo tipo de recursos, suministros energéticos, mercancías, flujos de personas, capacidad financiera, etc. en detrimento de un reparto más equilibrado y racional de los bienes públicos a lo largo de la geografía española. Todo ello en aras de una concepción social y política ligada a la extensión de un poder económico insostenible a largo plazo. Una ideología de raíz americana, basada en un liberalismo insolidario, se ha apoderado de los habitantes de la región madrileña estableciendo una creciente división entre lo que ocurre allí y el resto de las ciudades y regiones del estado.
Es esta una obra que pretende participar en el debate sobre las causas y razones que han posibilitado la avalancha de desmanes urbanísticos sucedidos a lo largo y a lo ancho del estado español en los últimos tiempos. Con un lenguaje jocoso y de una manera deslavazada, el autor ofrece pinceladas interesantes para comprender el desbarajuste que existe en el urbanismo de nuestro país y al mismo tiempo ofrecer algunas alternativas para su corrección.
ARamón Martín Mateo le avala una experiencia de muchos años en la práctica del Derecho Administrativo, como Catedrático de la materia en la universidad de Alicante, así como debido a su paso por distintas administraciones públicas, ayuntamientos incluidos. Su estadía de muchos años en la región valenciana le ha permitido también una perspectiva de primera fila sobre una de las geografías que más ha sufrido un desarrollo territorial desmesurado. Aunque el libro ofrece un paisaje caracterizado por una cierta recopilación de las conocidas verdades del barquero, o de Perogrullo según se prefiera, a veces no está de más volver a recordar cosas evidentes. La urbanización es una actividad compleja que trata de responder a una de las necesidades básicas de la humanidad, la disposición de un entorno adecuado al desarrollo de la vida en comunidad. Debería considerarse, por tanto y en primer lugar, una actividad pública, un servicio colectivo, que, si es liderada por la iniciativa privada y considerada meramente como una gestión económica, supone la generación de importantes plusvalías a sus promotores. Un primer problema que plantea el crecimiento urbanístico de la ciudad ya consolidada es la selección de aquellos lugares más convenientes, lo que siempre lleva aparejadas situaciones de monopolio al ser el suelo un recurso no renovable. Por lo general, la proximidad a la costa es también otro factor esencial para el estímulo del crecimiento urbano. Por eso la ribera del mar es el espacio que genera una mayor tensión especulativa y aquel que ha ido ocupándose paulatinamente a lo largo del siglo XX en la mayoría de los países. Es cierto que no siempre fue así. En el pasado, se consideraba al medio marino como una amenaza antes que un espacio para el disfrute. Por el mar llegaban agresores de todo tipo, se sufrían tormentas y en su proximidad se podían sufrir descalabros. Algunas ciudades marítimas vivían normalmente de espaldas al mar, excepto en las zonas abrigadas y puertos. Hoy en día, la primera línea de costa, aquella que cuenta con playas o un paisaje con características pintorescas o escenográficas, es un recurso económico de primer orden. Pero la ocupación acelerada del suelo costero ha ido generando consecuentemente una escasez cada vez más acusada de este bien limitado, adquiriendo la condición de monopolio que tiende a incrementar su valor de una manera desorbitada. La costa mediterránea es ya un conglomerado de edificios que se extiende con una anchura variable desde Italia hasta el Atlántico, como consecuencia de un proceso de ocupación masivo que ha tenido lugar a lo largo del siglo XX desde la Costa Azul y la Riviera italiana hasta los lugares deshabitados de Murcia y Andalucía en nuestros días. Este proceso de masificación de la costa se extiende por las distintas geografías costeras siguiendo pautas más o menos similares. Los archipiélagos como Baleares y Canarias, lógicamente, son otro bocado apetecible. Ante la escasez de materia prima, las fuerzas del mercado están apostando por la costa de Marruecos en este momento. Es aquí donde aparece la gallina de los huevos de cemento a la que hace referencia el autor. Una nueva especie animal para Martín Mateo que ha heredado las tareas de un antepasado mítico con mayor fortuna y provecho. Estas peculiares aves llevarían a cabo una actividad lucrativa sumamente rentable, al transformar terrenos baldíos en lugares llenos de construcciones y en ese proceso enriquecer desmedidamente a sus interesados granjeros. La producción de la gallina de los huevos de cemento se caracterizaría por una escasa necesidad de recursos iniciales así como la ausencia de un conocimiento especializado muy complejo para poder llevar a cabo su labor por lo que su producto estaría al alcance de cualquiera y, especialmente, de aquellos individuos desalmados que están a la caza y captura de la plusvalía fácil. Señala jocosamente el autor, el paralelismo de la gallina de los huevos de cemento con el rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro pero a una escala más rentable. Parecería que la acción de este animal doméstico transforma en millonarios, rápidamente y con un esfuerzo mínimo, a aquellos que intervienen en el proceso de producción inmobiliaria descrito. Algo que es una aspiración colectiva muy extendida en nuestros días. El problema se plantea cuando se trata de la producción de bienes de primera necesidad y que suponen un esfuerzo económico muy importante, como es el caso de las viviendas. Además, el crecimiento de las ciudades comporta el inconveniente de producir otro tipo de bienes colectivos que deben acompañar a la vivienda y que sin los cuales la nueva urbanización no podría funcionar adecuadamente. Es imprescindible conectar los nuevos desarrollos a las redes viarias y de infraestructuras existentes así como dotar con calles urbanizadas, servicios colectivos como colegios, asistencia sanitaria, parques y redes de abastecimiento y suministro, Bienes cuya produccion tiende a recaer casi siempre sobre las instituciones en un esfuerzo público muy importante para la colectividad. Es en este punto, donde se produce la tensión entre los operadores privados y lo público, puesto que la actividad urbanizadora privada se plantea esencialmente a partir de la apropiación de elementos que son parte de una construcción social para, en cierta manera, llevar a cabo un saqueo indiscriminado de los recursos de la sociedad. El operador privado actúa siempre desde la lógica del mínimo esfuerzo para disponer de los servicios necesarios con el menor coste, apropiándose en el proceso de una plusvalía generada fundamentalmente por cuestiones de localización o derivadas directamente del desarrollo de la urbanización. Debido a lo anterior, parece razonable que se límite el crecimiento del negocio inmobiliario indiscriminado y se lleve a cabo la orientación de las necesidades residenciales desde los poderes públicos mediante una gestión activa de liderazgo urbanístico. Este problema es algo que ha quedado en evidencia en lugares en que ya se ha detectado claramente la finitud del espacio disponible, como es el caso de territorios costeros o los archipiélagos. La recalificación urbanística de los suelos situados junto al litoral ha convertido a los políticos directamente implicados en una especie de Midas contemporáneos. Como señala el autor, la fuerte revalorización de terrenos que este mecanismo legal ofrece a partir de una transformación nominal de su aprovechamiento, ha originado su aplicación masiva y descontrolada, dando impulso con ello a los innumerables escándalos urbanísticos que han tenido lugar en el estado español. La potestad municipal para el cambio legal a urbanizable del suelo ha sido en los últimos años de una rentabilidad extrema, si se considera la nula inversión que se debe de realizar. Depende principalmente de una decisión administrativa de las corporaciones municipales, eso sí con una supervisión laxa de otros poderes urbanísticos y la connivencia de todo tipo de funcionarios y técnicos. Propone Martín Mateos que la extensión de la urbanización debe de decidirse mediante mecanismos transparentes que garanticen la mejor opción colectiva. La elección de los ámbitos a urbanizar debería estar presidida por la idea de adjudicar mediante subasta el posible beneficio que se origine mediante la recalificación. Una clave para una mejor garantía colectiva sobre las decisiones administrativas que generan plusvalías estaría en la transparencia extrema sobre los procesos que llevan a cabo las transformaciones urbanísticas, pudiendo poner en evidencia con facilidad y rapidez las actividades destinadas a la mera apropiación de bienes públicos, mediante sobornos, prevaricación o cohecho. Como se recuerda en el libro, en referencia al juego del dominó, vigilarás con esmero al señor del lapicero. Incisivamente se señala también la falta de independencia suficiente del cuerpo de funcionarios de carrera, Secretarios, Interventores y Depositarios. (pg.86).La anécdota presenta al Secretario del Ayuntamiento de Marbella, Pedro Moreno Brenes, al que el famoso delincuente y alcalde Jesús Gil y Gil amenazó en un programa radiofónico lo que llevó a cabo posteriormente, al declarar que voy a echar al Secretario comunista que me quiere paralizar el Ayuntamiento. Este ejemplo es una demostración palpable del sometimiento extremo de los funcionarios y empleados públicos a la esfera política, en algunos casos. El argumento básico sobre el que se fundamentan numerosas tropelías estaría en la famosa autonomía municipal La excusa política para llevar a cabo decisiones antidemocráticas se basaría en el mandato constitucional al efecto, lo que posibilitaría según los munícipes interesados, para la toma de decisiones de espaldas a los administrados y contra sus intereses. De acuerdo a la Constitución Española, los Ayuntamientos, Cabildos y Diputaciones no pueden equipararse a una especie de Ínsulas Baratarias en las que los representantes por el mero hecho de haber sido formalmente elegidos pueden llevar a cabo cualquier decisión. En el caso del urbanismo y del planeamiento territorial se evidencia la necesidad de extender la democratización a esas cuestiones que tienen una relevancia especial para la ciudadanía. Propone finalmente Martín Mateo, la posibilidad de aprobación de los Planes Generales de Ordenación, documentos territoriales y construcciones que afectan notablemente a los ciudadanos por la vía del referéndum consultivo. Según la propuesta del autor bastaría con que los Alcaldes dictarán una ordenanza específica al efecto. Algo a lo que muy pocos políticos estarían dispuestos evidenciando con ello el notable déficit que presenta la democracia formal alcanzada en este país.
Ya que no nos vamos de viaje, veamos Madrid desde lo alto. Próximamente, habría que comentar este especie de agujero negro urbanístico que está influyendo tanto en los que vivimos en este país
BEJEQUE. Aeonium ciliatum, endemismo de la isla de la Palma. Cecilio Pérez, 2006
Hace un par de meses, el gobierno de la nación ha remitido un nuevo proyecto de ley al Parlamento para su tramitación con el objetivo de mejorar la protección medioambiental. Probablemente, iniciará su andadura en el Congreso de los Diputados en el próximo otoño. Es, pues, un buen momento para hacer una contribución y reflexión sobre sus motivos e implicaciones.
La futura Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad nace con una voluntad bienintencionada de incrementar la protección de los ecosistemas naturales que aun se conservan en nuestro país. Sin embargo, el problema de la desaparición acelerada de especies y la transformación territorial sigue su curso inexorable como bien ha venido a ejemplificar la terrible ola de incendios padecida este mes en Canarias. El futuro texto legal, en su redacción actual, parte del reconocimiento de la importancia biológica de España dentro de la Unión Europea, al ser el país con mayor diversidad de flora y fauna, tal como señala un artículo publicado al respecto por la revista Carta Local de la Federación Española de Municipios y Provincias. La riqueza biótica española es extraordinaria y, dentro de ella, el archipiélago de Canarias representa un espacio privilegiado que alberga una parte muy importante de la misma, debido a la gran diversidad de habitats que las islas mantienen hoy en día en un relativo aislamiento. Nuestro territorio cuenta con una amplía variedad de especies botánicas, con la presencia de plantas muy diversas como hongos, líquenes y musgos y también, una amplía representación de plantas vasculares, flores y helechos. La fauna tiene una gran importancia, como tantas veces han expresado insignes biólogos locales; las especies animales endémicas de Canarias constituyen casi la mitad de las que existen todavía en nuestro país. El hecho en sí, es que el territorio con características naturales existente en las islas ya se encuentra fuertemente protegido a partir de una visión administrativa de la cuestión. El cuerpo legislativo en materia de medio ambiente es bastante extenso y prolijo y ha dado lugar a que desde hace más de dos décadas más del 50% de la superficie del archipiélago cuenta con una designación como espacio natural. En estos espacios se han llevado a cabo mayoritariamente planes de uso y gestión correspondientes, tal y como ha expresado recientemente el órgano responsable, la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente. Siendo estos valores nacionales importantes, el planteamiento legal que se ha presentado a trámite parlamentario, adolece de importantes defectos, reflejados en el llamado por la Ley, principio de precaución. En primer lugar, la ley pretende situar los valores naturales por encima de cualquier otra consideración. Ello significaría la prevalencia de los objetivos de la protección medioambiental sobre la ordenación territorial y urbanística cuando debería ser la planificación territorial la que abordara desde una perspectiva holística más amplía una adecuada preservación del conjunto de valores históricos conservados, incluyendo los naturales. Otra argumentación que se suele aducir para incrementar la burocratización legal de la relación con los entornos naturales es la transposición nacional de normas europeas y recomendaciones internacionales, Estos referentes parten de objetivos loables como lo expresado en el plan de acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002, asumido por la Unión Europea, que propone lograr para el año 2010 una reducción significativa de del ritmo actual de perdida de diversidad biológica como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida sobre la tierra. Algo con lo que cualquiera estaría de acuerdo pero que no es realista en relación a la capacidad de las fuerzas de transformación en curso, derivadas del incremento acelerado de la población mundial, factor esencial de la degradación medioambiental global. En virtud de la futura Ley se propone el mantenimiento del conjunto de espacios ya catalogados como de valor ambiental dentro de la red Natura 2000 y, al mismo tiempo, el incremento de la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Premisas muy loables sobre el papel pero que esconden una realidad administrativa muy distinta en que las decisiones se realizan en la práctica de espaldas a la población. Lo cierto es que la delimitación actual de los espacios naturales designados en Canarias, adolecen de múltiples errores y han sido instrumentalizados sin tener en cuenta las razones y el conocimiento aportado por la opinión pública más allá de las consideraciones excluyentes de grupos selectos de funcionarios. Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, junto con el conjunto de los recintos de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias presentan multitud de problemas que deberían llevar a su reconsideración. La utilización de cartografía inapropiada, de escalas excesivas y sin nivel de detalle, ha originado errores que deberían corregirse racionalmente., Delimitaciones que incluyen zonas urbanas consolidadas, espacios claramente antropizados y recintos agrarios en explotación indicarían la necesidad de su corrección a través de una participación pública efectiva y más allá de las opiniones de los supuestos expertos con responsabilidad. La ley, en su redacción actual, contribuiría en una posible extensión del error en el tratamiento de los entornos naturales al considerar que la protección de los espacios naturales designados podrá ampliarse sin límite definiendo zonas periféricas con vinculación administrativa destinadas a evitar supuestos impactos paisajísticos y extendiendo con ello el proceso burocratizador a amplias superficies del territorio más allá de los espacios naturales realmente existentes. Esta Ley es una expresión de las actitudes amparadas por exposiciones pseudo disciplinares sobre la conservación de la naturaleza que presentan una cortedad de miras evidente. Como consecuencia, las percepciones populares sobre la cuestión han ido adquiriendo unos matices excesivamente simplistas y de fe ciega, rayanos en una especie de religiosidad sustitutoria que está impidiendo comprender el alcance de los problemas que hay que afrontar realmente. El fanatismo sobre la defensa de lo natural impide comprender que hoy en día la práctica totalidad del planeta ha sido colonizada por la humanidad de una manera o de otra. Los espacios naturales son una reliquia del pasado, hipervalorada desde posiciones románticas y que no contemplan que nuestro entorno ha ido convirtiéndose paulatinamente en una especie de neoecosistema reestructurado por la especie humana. Es este hábitat histórico, espacio construido en la transformación de los elementos naturales preexistentes, el que habría que proteger globalmente, incluyendo a los elementos naturales que se conservan. La sostenibilidad no puede concebirse solo a partir de la conservación exclusiva de lo natural en sí mismo. Por el contrario, debe de plantearse desde la identificación del conjunto que forma el patrimonio territorial heredado, el reconocimiento de las prácticas saludables de relación del hombre con el medio y su protección para la viabilidad futura de la especie frente a los avatares que puedan sobrevenir. El actual modelo suburbano de crecimiento metropolitano, exportado desde los Estados Unidos y basado en la disponibilidad abundante y barata de combustibles y energía, ha llevado a la concepción de que el incesante movimiento de personas, y la redistribución infinita de mercancías y capitales es una opción viable indefinidamente. Lo cierto es que, probablemente, se esté en ciernes de afrontar una nueva era en la que los combustibles fósiles serán cada vez más escasos y, por tanto, los fundamentos de este modelo de desarrollo van a quedar fuertemente cuestionados. Con ello, probablemente, habrá que volver a aprovechar los recursos locales, tanto agrícolas como artesanales y, por tanto, habría que ir empezando a considerar en serio la preservación del conjunto de elementos que forman el patrimonio territorial de los lugares como garantía de pervivencia hacia el futuro. De acuerdo a la argumentación anterior, habría que establecer medidas realmente proactivas en la defensa del territorio, superadora de las estrechas visiones actuales sobre lo ambiental. No basta con la implantación de nuevas leyes que enmascaran la ineficacia de las instituciones y salvaguardan temporalmente la consciencia de nuestros dirigentes. La lucha contra la burocratización de nuestro entorno es una tarea inaplazable y debe incluir un reconocimiento de los valores heredados existentes en el patrimonio territorial en su conjunto, más allá de los exclusivos aspectos naturales. La conservación del capital construido en el territorio, agrario, en las prácticas agrícolas y de cultivo, en el aprovechamiento y distribución del agua, en las prácticas artesanales tradicionales, etc. son parte de la principal cuestión olvidada, el patrimonio territorial, respecto a la que se ventila realmente el futuro de cada lugar.
Un hecho trascendental para el futuro del de Canarias, que acaba de tener lugar, ha pasado bastante desapercibido en esta comunidad. Por primera vez se ha puesto en marcha un proceso destinado a cambiar radicalmente el sistema de producción eléctrica de una isla entera a partir de una estrategia de autosuficiencia.
Un antiguo editor de la revista Rolling Stone, James Howard señalaba recientemente que estaríamos a punto de iniciar una era caracterizada por una escasez creciente de la energía basada en combustibles fósiles y baratos. Un bien, la energía ilimitada, del que somos extremadamente dependientes y al que tan fácilmente nos hemos acostumbrado. Pero los problemas que se derivarán de esta escasez son más complejos de lo que en principio podemos suponer. Decía Howard en su libro “La gran emergencia” que el mundo desarrollado comenzará a padecer los efectos de un incremento de su coste mucho antes de que el petróleo y la gasolina se agoten del todo. La decadencia de los combustibles fósiles será, sin lugar a dudas, la mecha que prenderá una contienda crónica entre las naciones que se disputen los remanentes. Estas guerras por los suministros ya han dado comienzo pero habrá más en el futuro. El alcance del sufrimiento a padecer por nosotros, los occidentales, dependerá del grado de obstinación con que decidamos aferrarnos a hábitos obsoletos, costumbres y certidumbres que simplemente, ya no resultaran rentables. Un panorama hacia el futuro que se nos presenta como ciertamente inquietante y que por negarlo no va a mejorar las perspectivas a las que nosotros y, sobre todo, nuestros hijos nos veremos abocados en las próximas décadas. Algunos tildaran estas líneas de catastrofismo o de palabras de aguafiestas pero lo sensato sería ir pensando que alternativas tienen territorios tan frágiles como los archipiélagos, al objeto de ir anticipando posibles escenarios que propicien alternativas energéticas factibles y adaptadas a esa dura realidad que se vislumbra. La disponibilidad de energía abundante y barata ha sido un factor esencial en la aceleración del desarrollo económico de las sociedades contemporáneas a lo largo del siglo XX. Este producto fundamental que garantiza el bienestar de los países avanzados del planeta se ha basado en el consumo de unos recursos no renovables, los combustibles fósiles que tenderán a una escasez cada vez mayor mientras que la demanda está experimentando ya un crecimiento exponencial. Lo relevante es que como consecuencia de ello, el coste del petróleo está ya en máximos históricos. La energía eléctrica es un elemento esencial para el funcionamiento de los territorios, formando parte de nuestro escenario de una manera muy amplia. Un hecho del cual no se suele ser consciente, dándolo por descontado. La alta dependencia del petróleo y el carbón en su producción y la extrema fragilidad de las redes técnicas de suministro hacen que cualquier pequeña variación o percance se convierta fácilmente en una catástrofe. Las experiencias tenidas en situaciones de emergencia de este tipo, como ocurrió durante el gran apagón de la costa Este de Estados Unidos o la tormenta tropical Delta que afectó a estas islas, son buen ejemplo de lo que puede pasar ante una incapacidad temporal en el suministro energético. Las alternativas son complejas y, en cualquier caso, presentan innumerables ventajas e inconvenientes. La energía de origen nuclear tiene serios problemas de seguridad que algunas voces interesadas quieren ignorar señalando su insignificancia. La dura realidad es que los desastres en centrales nucleares han ido teniendo lugar con una frecuencia cada vez mayor. Hay está, por ejemplo, la reciente fuga radiactiva de la central japonesa de Kashiwasaki para ilustrarlo. La biomasa es otra fuente energética tradicional, a través de la incineración de los residuos de basuras, materia orgánica, forestal, etc., aunque los sistemas disponibles son altamente contaminantes y la aportación es marginal ante la imponente demanda mundial que existe. Algo similar sucede con la posibilidad de llevar adelante la producción de biocombustibles a partir del cultivo de plantas como el maíz, la soja o la caña de azúcar. En este caso, el inconveniente principal estriba en la competición con una de las necesidades más perentorias de la humanidad, la alimentación. La sola perspectiva de utilización con ese destino del maíz producido en las grandes planicies de América del Norte llevó, el año pasado, a un aumento desmesurado del precio de este bien básico en países como México. Aunque tiene todavía un desarrollo exiguo, el aprovechamiento solar como fuente de energía totalmente renovable es una alternativa que cada vez va adquiriendo mayor consistencia. Las posibilidades de la energía creada por el sol, mediante las tecnologías eólica y fotovoltaica, son todavía incipientes pero ofrecen buenas expectativas para la sustitución de los sistemas convencionales de producción energética en lugares específicos como las islas Canarias, caracterizadas por un altísimo soleamiento y con una distribución de vientos bastante apropiada. No obstante, la incomprensión y las críticas técnicas al despliegue de estas tecnologías alternativas es un lastre muy importante todavía. Mientras en el pasado no se consideraba adecuado la participación de productores independientes hoy en día ha quedado demostrado que puede suponer un tanto por ciento significativo de aporte a las redes de servicio. Los objetivos en nuestra región se cifran en alcanzar un modesto 20% de producción renovable en la próxima década. Otro factor que influye también negativamente en el necesario cambio de modelo energético es el que se deriva del control centralizado en la producción energética. Las compañías eléctricas se han convertido en unos gigantes financieros que tienen una altísima influencia en los ámbitos de decisión política y, por tanto, trabajan intensamente contra el cambio necesario. Richard Rogers, en su libro “Ciudades para un pequeño planeta”, propugnaba una mayor descentralización de la producción como medida de seguridad en caso de averías o caídas en las redes. De hecho, proponía centrales a nivel de barrio que tuvieran como objetivo la generación local de calor y energía utilizando técnicas de reciclaje de residuos de la zona. Les asigna una efectividad significativamente mayor que la que tienen las grandes unidades actuales que se caracterizan, en su opinión, por la generación de notables perdidas a través de la disipación del calor y la necesidad del transporte de la energía producida a más grandes distancias. Otra de las cuestiones más relevantes que se esgrimen contra el uso de las tecnologías solares renovables se refiere a las dificultades para su almacenaje y la distribución constante en el tiempo. Es cierto que el viento y el sol no son recursos a los que se pueda acceder de una manera equilibrada y dependen de las variables condiciones meteorológicas y atmosféricas, debido a lo cual es necesaria la acumulación para suplir aquellos momentos en que no se cuenta con aportación suficiente. A este respecto, las baterías como tecnología de reserva presentan grandes desventajas debido a su alto coste de producción actual y su rápida obsolescencia. Aunque su eficiencia está mejorando como consecuencia de la amplia variedad de aparatos portátiles que se han ido introduciendo, su capacidad es muy exigua para poder contar con las mismas para su incorporación masiva a los sistemas energéticos regionales y metropolitanos. Algunos propugnan como solución a este problema, la transformación de la energía proveniente del sol en hidrógeno de tal manera que se pueda quemar posteriormente de una forma regular. Otro sistema de almacenamiento es el que se basaría en la utilización del agua como acumulador de energía mediante su transporte en vertical y la generación eléctrica posterior mediante turbinas. A partir de esta última alternativa se ha iniciado recientemente un camino altamente sugerente para sustituir el sistema actual de producción energética en Canarias. El anuncio oficial de la exposición pública del proyecto de una nueva central hidroeléctrica para la isla del Hierro debe de considerarse como punto de partida de una estrategia diferente que puede considerarse como revolucionaria. El planteamiento que se pretende ha sido diseñado como un sistema mixto que aprovecha la energía eólica como base de aprovisionamiento y la reserva de excedente energético a partir del transporte en altura de agua. El sistema, que se quiere llevar a cabo, significaría la creación de una nueva central hidroeléctrica en la costa y laderas de Azofa, en el sur de la isla más occidental de Canarias, con capacidad para 11 Megawatios y que tendría el objetivo de cubrir la demanda de energía de la totalidad de la población actual de 10.700 habitantes así como el crecimiento previsto en las próximas décadas. El esquema funcional previsto estaría constituido por dos depósitos, uno de 500.000 m3 a situar en una depresión volcánica a 700 metros sobre el nivel del mar y otro inferior en la costa con la mitad de capacidad del superior, junto con una central de bombeo para la elevación de agua entre los depósitos y una batería de cuatro turbinas que aprovecharían la caída del agua, produciendo 3.000 Kilowatios cada una. Todo el conjunto se basaría en la aportación energética de un parque eólico compuesto por 5 aerogeneradores de 2.000 Kilowatios y su conexión a la red existente a través de la central actual de los Llanos, que trabaja con motores de fuel oil y a la que vendría a sustituir. El sistema proyectado funcionaría a partir de la transformación en electricidad del viento que suministrará en primera instancia a la red y, en segundo lugar, para acumular en altura agua que posteriormente se usaría para la generación, a la manera de una central hidroeléctrica de pantano pero a una escala más reducida. Este sencillo dispositivo va a permitir en un futuro próximo la autosuficiencia completa de esta pequeña isla y eliminar su dependencia de la aportación de combustibles fósiles, así como la eliminación completa de la producción insular de gases de efecto invernadero y su envío a la atmósfera. Con ello, la isla del Hierro se constituirá en breve en un espacio de avanzada para el cambio necesario y un ejemplo para una producción energética alternativa. Esta propuesta constituye un precedente magnífico que debería servir como base tecnológica para un posible trasvase de los conocimientos desarrollados en aras a la sustitución progresiva en otras islas de la actual producción energética basada en combustibles fósiles. A mayor escala está experiencia debería evaluarse para su traspaso a otras islas. Se cuenta ya con elementos territoriales que podrían incorporarse a una estrategia diferente de producción energética. El aprovechamiento de los elementos agrícolas de almacenaje y distribución del agua que se ha creado en el archipiélago a lo largo de más quinientos años podría integrarse en una estrategia esencial de autosuficiencia energética. A partir de la red de canalizaciones, embalses, estanques y pequeños recursos existentes se podría crear un sistema alternativo que garantizase un suministro eléctrico menos dependiente de las aportaciones exteriores. Se argumentará que sería difícil en las condiciones actuales, pero esta experiencia debería estimular el cambio de los actuales sistemas de producción unificada por islas, apostando por la energía solar renovable, el diseño de una red alternativa de distribución más mallada y extensa y contar con la aportación de un mayor número de productores que pudieran desplegarse sobre el territorio de una manera lo más homogénea posible. La alternativa consiste en ignorar los grandes cambios que se avecinan y tener que afrontarlos en una posición de mayor desventaja. En este caso, la inactividad juega en contra de la viabilidad de la forma de asentamiento actual de Canarias. Lamentablemente, es más fácil el inmovilismo puesto que la percepción colectiva del problema energético futuro tiende a potenciar su ignorancia.
Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Mexico habrán podido comprobar las enormes dificultades que presenta una urbanización acelerada e informal
La ciudad de La Laguna en la isla de Tenerife a comienzos del siglo XX
En 1992, publicaba este mismo autor en un periódico local (Gaceta de Canarias, 19 de enero de 1992) un artículo sobre el funcionamiento metropolitano de la isla de Tenerife, titulado La isla es una ciudad. Transcurridos quince años los conceptos que allí se vertieron siguen plenamente vigentes si bien la estructuración de las áreas urbanas de la isla ha ido creciendo y consolidándose paulatinamente.
Como las sociedades eligen fallar o triunfar de Jared Diamond Penguin 2005. Debate. 2006
En el año 900 de nuestra era, Eric el Rojo llegaba a Groenlandia después de haber sido expulsado sucesivamente de varios sitios, primero de su tierra natal en Noruega y después de la colonia de Islandia, debido a su carácter fuertemente violento. Encontró en aquella isla remota, valles y fiordos con pastos veraniegos que asemejaban notablemente lo que había dejado atrás en su tierra de nacimiento. La aventura de este vikingo excepcional dio lugar a varios asentamientos que sobrevivirían en esta tierra inhóspita durante más de cuatrocientos años hasta finalmente desaparecer.