Representación tridimensional de las islas de Tenerife y La Gomera. Fuente: Flickr, milComo ya he comentado en otras ocasiones la extrema densidad poblacional de las islas Canarias, superior a los 300 habitantes/km2 junto a una patente ineficiencia en el uso del suelo, con una mayoría de espacios comprometidos por la urbanización con menos de 30 viviendas/hectárea, está acelerando la inviabilidad territorial de esta región. Un hecho patente sobre el que la sociedad no es consciente y que puede llevar a una emigración masiva de los canarios en los próximos años, como consecuencia de la incapacidad de los estamentos económicos y políticos para ofrecer alternativas creíbles para el sostenimiento de este espacio geográfico en el próximo futuro.
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Paisaje del municipio de Los Llanos en el valle de Aridane. Isla de La Palma.
La periodista Sol Rincón, a la que agradezco su interés en mi persona, ha realizado una inteligente selección de mis ideas junto con otras aportaciones que paso a reflejar en esta plataforma.
Vista aérea de la ciudad de Las Palmas en la isla de Gran Canaria. Foto: Juan Ramírez Guedes
Por Sol Rincón Borobia
Diario La Opinión, 15/04/2009. Santa Cruz de Tenerife
Seis o siete abogados sentados frente a uno o dos técnicos especialistas en planeamientos urbanísticos. He aquí la composición de la ponencia técnica de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (a parte de los funcionarios y políticos de turno).
La presencia de tanto letrado tiene una explicación: La cantidad de leyes urbanísticas que hay en Canarias es mucha y muy compleja. Hay normas que tienen hasta 249 artículos, y algunos de ellos ocupan más de una página.
El presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, Federico García Barba, que además forma parte de la citada ponencia, informa que desde el año 1995 se han aprobado cinco leyes urbanísticas en Canarias, sin contar las sectoriales, tres reglamentos y un par de modificaciones sobre los textos legales aprobados. “Dicho exceso legislativo ha conducido a una parálisis insostenible en el manejo del suelo“, asegura.
Este arquitecto especialista en urbanismo y ordenación del territorio explica que se ha llegado a tal extremo que para poder aprobar un plan urbanístico se tuvo que redactar un reglamento que explicara el proceso. “Eso no ocurre en ninguna parte. Es el exceso del exceso“, asegura.
De hecho, señala que desde que forma parte de la ponencia técnica de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) -hace ya año y medio- “todavía no he asistido a una aprobación de un plan general de ordenación”. “El cuerpo legal que establece las reglas del juego se ha convertido en una maraña por la que no puedes moverte“, añade.
La gravedad de todo esto se centra en la imposibilidad de ejecutar proyectos de diversa índole, que reactivarían la economía. Como ejemplo, García Barba explica que si un empresario quisiera instalar en Canarias una fábrica de productos informáticos, en estos momentos no tendría suelo disponible. “Para transformar el uso del suelo y realizar todo conforme a las leyes actuales se necesitarían seis o siete años“. En cuanto al suelo que hay en las Islas clasificado como industrial, el arquitecto indica que muy poco está urbanizado, es decir, preparado con los servicios básicos de calles, vías, alumbrado, agua…
Frente a los que piensan que es necesaria tanta legislación para frenar la construcción en las Islas, este experto es de la opinión de que constituye un lastre para lograr un desarrollo positivo hacia opciones más sostenibles, tal y como señala en su blog: islasyterritorio.blogspot.com.
Es más, aclara que es contrario a la ocupación de más territorio, “porque el índice de sostenibilidad del Archipiélago se superó en los años 70“. Por eso se muestra partidario de construir edificios altos que ocupen poco suelo, pero que sean capaces de ofrecer muchas viviendas. “Hemos despilfarrado el territorio y se ocupa extensivamente con una densidad de población bajísima”, dice. Como ejemplo, señala que en Valle Guerra la media está en cinco viviendas por hectárea, mientras que en el centro de la capital tinerfeña está en torno a las 70 viviendas por hectárea.
Pero para poder gestionar mejor el territorio hay que realizar planeamientos en cada municipio. Planeamientos que además deben adaptarse a la compleja legislación canaria, “que no es nada flexible”.
En rojo los municipios que despues de 8 años de esfuerzos han logrado culminar la adaptación de sus planes generales de ordenación a la legislación territorial canaria. El 11% de los 52 municipios de las islas occidentales de Canarias
Sin ir más lejos, el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado en 2006 y enmendado en 2007, establece un máximo de dos años para la citada adaptación. “Un plazo a todas luces insuficiente que obliga al reinicio permanente de la tramitación de estos documentos“, señala García Barba.
De hecho, y en lo que se refiere a la provincia tinerfeña, en marzo de 2008 sólo habían logrado la adaptación plena a la Ley del Territorio de Canarias y la Ley de Directrices los municipios de Buenavista, Candelaria, El Rosario, Agulo, Hermigua, Puntallana y Tazacorte. Desde entonces, nada ha cambiado.
A la densa legislación hay que añadir los reglamentos y directrices que habría que haber desarrollado y no se ha hecho. Por ejemplo, la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales establece que hay que elaborar un reglamento de planeamiento, pero todavía está pendiente.
En cuanto a la Ley de Directrices, también señalaba la necesidad de redactar otras directrices sectoriales, que no se han hecho.
Federico García Barba propone derogar el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias. “Es un texto de 80 artículos mastodónticos“. Además, aboga por convertir en meras recomendaciones muchas de las directrices de obligado cumplimiento. En este sentido, explica que la Ley de Directrices tiene 230 normas generales y 80 referentes al turismo. El 80% de estas normas son de directivas y de aplicación directa, mientras que sólo el 20 por ciento son recomendaciones.
También disminuiría los plazos de tramitación de los planeamientos. “No se puede tolerar que después de tres años de hacer un trabajo que cuesta muchísimo se tenga que volver a empezar porque hay algún aspecto del reglamento que no se cumple“.
En cuanto al proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio que el Gobierno quiere aprobar en esta legislatura y que tiene como uno de sus objetivos agilizar los plazos y reducir la burocracia, García Barba indica que “para los que trabajamos en el sector ha sido un fiasco“.
Audiencia de Cuentas
Hace poco que la Audiencia de Cuentas de Canarias hizo público su informe de fiscalización de los patrimonios públicos municipales del suelo 2003-2004. Hay que tener en cuenta que 14 ayuntamientos no facilitaron información y que otros cuatro sólo lo hicieron parcialmente.
No obstante, de los datos aportados por el resto, la Audiencia de Cuentas concluye que los planes generales de ordenacion urbana ya tenían “gran antigüedad” en 2004. También destaca el retraso en la adaptación de los planes a la Ley del Territorio. Este retraso implica que las propias corporaciones locales utilicen convenios urbanísticos para que, a través de modificaciones puntuales de los planeamientos, puedan seguir desarrollando el suelo.
Pero esta práctica impide un desarrollo integral y armónico del territorio, por lo que la Audiencia de Cuentas insta a los ayuntamientos a que adapten sus planes lo antes posible. No obstante, acto seguido, también admite la complejidad que requiere esa adaptación (avance del planeamiento, aprobación inicial, información pública, aprovación provisional y aprobación definitiva).
Extracto de una paradoja
Federico García Barba reflexiona en islasyterritorio.blogspot.com sobre una “paradoja” que va, a su juicio, en contra de un desarrollo sostenible. Así, asegura que “mientras los municipios canarios se esfuerzan por legalizar toda construcción posible surgida espontáneamente”, es decir, de una forma ilegal o alegal, “sin mínimos criterios de previsión y organización racional del espacio”, paralelamente “la legislación canaria ha ido restringiendo paulatinamente la supuesta autonomía local hasta configurar una situación absurda“.
Consecuentemente, este arquitecto considera que los planes generales de ordenación se han convertido, desde la perspectiva de los municipios, “en instrumentos que pugnan por la legalización progresiva de una realidad urbanística incontrolada, en la que los agentes que intervienen sobre el suelo tratan de actuar desbocadamente, apoyados por la continua improvisación de las administraciones locales, mientras que la legislación aprobada exige su continua readaptación“.
Para García Barba, “apenas se habla del aprovechamiento racional del territorio o de la forma urbana que sería apropiada para el futuro, en unas islas densamente habitadas”. Por el contrario, continúa, “se dedica una parte sustancial del esfuerzo humano, del tiempo de trabajo y del debate ciudadano a constatar el cumplimiento de unas exigencias legales desquiciadas“.
La redacción de nuevos textos legales para el tratamiento del espacio debería pasar de “una situación política y administrativa que entiende la ordenación del territorio como control férreo hacia otra en que se hiciera más hincapié en la guía de los procesos a favor del bien común“, asegura.
Patrimonio de suelo
La Audiencia de Cuentas de Canarias establece en su informe de fiscalización de los patrimonios públicos del suelo de 2003-2004 que sólo tenían constituido formalmente el patrimonio municipal de suelo cuatro de los 70 ayuntamientos fiscalizados: San Juan de la Rambla, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide y Valsequillo de Gran Canaria. No obstante, ninguno de los ayuntamientos fiscalizados tenían aprobadas directrices, instrucciones o normas para desarrollar los procedimientos de gestión y control del patrimonio de suelo. Hay que recordar que el patrimonio municipal de suelo es uno de los instrumentos de intervención en el mercado inmobiliario que tienen los ayuntamientos para regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de los planeamientos.
El informe también señala que sólo 18 corporaciones locales tienen un inventario que permita conocer cuáles son los bienes y terrenos que se integran en el patrimonio municipal de suelo. Además, un gran número de ayuntamientos no habían valorado sus terrenos. 
entre los municipios de Tenerife ,que tienen su planeamiento totalmente adaptadado ,se encuentra el de La Guancha.No sé
la razón de por qué siempre se olvida este dato.Con lo que costó redactar y aprobar este Plan General de Ordenación.
Sí, Pepe.
Pero es que el gráfico es antiguo. Lo preparé hace casi dos años.
me alegro que, por fín, te hayas animado a intervenir.