Imagen de la propuesta no ganadora presentada al concurso administrativo para un centro de enseñanza en Haría, Lanzarote. Jorge Mosquera y Ralf Veyrat, CPPA Arquitectos, 2008
La actual fase recesiva de la crisis económica que padece España ha tenido una repercusión muy grande en la actividad de los arquitectos. La caída de la contratación de trabajo profesional, tanto pública como privada, supera ampliamente el 70% en muchas regiones del estado. Si el proceso inmobiliario se encuentra atascado, es esencial que el reparto de la escasa tarea de proyectos y obras que promocionan las distintas administraciones públicas se haga de la manera más justa y equitativa posible.
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Llevamos ya tres años de reducción de la aportación del sector de la construcción al conjunto de la economía. Y, además, la puesta en marcha de políticas anticíclicas con las que atenuar los efectos de la crisis ha conducido a una posterior e imperiosa necesidad de atajar el déficit creciente de las administraciones públicas. Es la situación en la que nos encontramos actualmente: un punto temporal que puede dar comienzo a una gran depresión al estilo de lo que ocurrió en los años 30 del siglo XX.
<--- Por lo menos, esa es la percepción que se tiene en regiones periféricas como las islas Canarias donde el peso de la construcción era enorme y la caída reciente, inmensa. Posteriormente, no se han podido desarrollar muchas inversiones en obras públicas más allá del conocido como Plan Zapatero impulsado por la administración central y el paro está a punto de alcanzar nominalmente el 30% de la población activa.
En este contexto, los arquitectos hemos sido abandonados a nuestra propia suerte. Y, además, una percepción social de unos supuestos privilegios profesionales nos aboca a buscar solos soluciones que nos permitan posibles formas de supervivencia.
Una de los asuntos que más malestar ha estado generando en los últimos años es la forma en la que se promueven y se adjudican los trabajos de consultoría de proyecto y dirección de obras relacionados con la arquitectura y el urbanismo. La situación de despiadada competencia entre profesionales ha llevado a que traten de optar a los trabajos decenas de técnicos y empresas con unos esfuerzos descomunales que ponen en cuestión incluso la rentabilidad de los encargos resultantes.
Propuesta de Estación en Candelaria. Concurso de intercambiadores del Tren del Sur. Metropolitano de Tenerife, Jorge Mosquera, Ralf Veyrat y José Aguilar, CPPA Arquitectos, Febrero de 2010
Optar a una consultoría administrativa de proyectos y dirección de obras conlleva indefectiblemente la movilización de grandes recursos económicos, humanos y de gestión. La actual legislación exige una aportación de gran cantidad de documentación administrativa que acredite todo tipo de cuestiones: capacidad profesional (evidentemente), cumplimiento de requisitos frente al fisco y la seguridad social, solvencia y avales económicos, ratificación externa de datos, etc. Una presentación documental que conlleva un esfuerzo bastante importante y que hace que muchos profesionales desistan de entrada y a la que se agregan unos costes de gestión ya relevantes. Otro problema se ha añadido cuando se exige sin contrapartida la presentación de planteamientos técnicos complejos, referidos a temas metodológicos, de planificación de la forma de ejecución y coordinación y, de una manera más relevante, también propuestas específicas que anticipen la solución técnica que se requiere. Incluso, se está llegando a exigir la preparación de todo tipo de documentación complementaria que facilite el marketing político de la futura propuesta ya desde el inicio, en un esfuerzo muy considerable de proyecto.
Si consideramos que todo lo anterior supone un trabajo de gestión y diseño importante -solo para poder optar a la adjudicación de un contrato de consultoría- lo cierto es que se está avanzando gratuitamente una parte muy importante del valor añadido que va a significar ese encargo. En una estimación muy simplificada podríamos considerar que la presentación a cualquier concurso administrativo de consultoría de arquitectura significa la aportación de un mínimo de 12.000 a 15.000 € a cada equipo que opta, incluyendo costos de trabajo, de materiales y de gestión. Si observamos que a este tipo de encargos optan normalmente varias decenas de equipos profesionales en estos tiempos de escasez, los recursos económicos movilizados onerosamente son bastante excesivos y avalarían la hipótesis del enriquecimiento injusto de la administración junto a un despilfarro descomunal de esfuerzos.
Pero es que la cuestión del sistema de adjudicación de consultorías para las administraciones públicas tiene otros matices negativos. Si se consigue la adjudicación de trabajo ya se parte de una inversión negativa que habrá que imputar al propio coste de ese compromiso adquirido. Y es que incluso las bajas temerarias que se han acabado imponiendo sin mayor rigor están conduciendo a una situación de inviabilidad económica global, de la que muchos arquitectos no quieren ser conscientes en una especie de ignorancia autoestimulada.
Según he podido corroborar personalmente, algunos profesionales adjudicatarios de consultorías administrativas de arquitectura están llegando a poner dinero de su propio bolsillo para sufragar las colaboraciones que son necesarias para la redacción y ejecución de los trabajos. Encargar un proyecto de arquitectura no es solo realizar unos dibujos que encajen unos programas y unos espacios demandados sino también, como sabe cualquier profesional con experiencia, la realización de estudios técnicos muy complejos que conllevan cálculos estructurales y de instalaciones, diseños constructivos adecuados a una legislación excesivamente prolija como la que ha establecido el nefando Código Técnico de la Edificación vigente, cumplir unas condiciones de habitabilidad disparatadas, realizar unos presupuestos precisos y especificados para que impidan el despilfarro económico en la ejecución de las obras, etc., etc. Muchas de estas tareas requieren de la colaboración de especialistas que también tienen sus costes y suponen un esfuerzo de coordinación cada vez más importante para el que estaba entre medias.
Organización espacial de la propuesta de colegio para Haría, Lanzarote. CPPA Arquitectos, 2008
Adjudicar los concursos de consultoría de proyecto bajo el criterio exclusivo del menor costo y
del menor tiempo está llevando a una degradación del trabajo profesional sin parangón y, como consecuencia, a un deterioro de la imprescindible capacidad técnica que sería necesaria para evitar el constante y creciente despilfarro de los escasos recursos públicos. Un mal proyecto técnico implica casi siempre la automática aparición de modificaciones y desvíos en los presupuestos iniciales previstos y adjuntados a esos proyectos de calidad decreciente.
Pero es que es, además y claramente, un escenario de enriquecimiento injusto de las distintas administraciones implicadas. Y, por ello, las razones para esta lamentable situación deberían analizarse y valorarse, proponiendo soluciones para que los criterios simplistas que se aplican y pueden suponer un ahorro en primera instancia, conducen indefectiblemente a largo plazo, a un derroche inasumible de los recursos colectivos escasos en una mala coyuntura de decrecimiento económico.
A todo lo anterior, deberíamos añadir la picaresca y las prácticas alegales que se derivan de algunas preferencias políticas directas que suelen influir en los procesos administrativos de adjudicación de trabajos. Es lógico que determinados dirigentes y responsables quieran tener a su lado a los técnicos de su confianza pero ello no es argumento para subvertir y manipular descaradamente las formas legalmente establecidas en las que se deben convocar los concursos administrativos. En cualquiera de los casos, se debe siempre garantizar la concurrencia de todos en igualdad de oportunidades
Esquema de organización espacial y constructiva de la propuesta de concurso para la Estación de Candelaria. CPPA Arquitectos ,2010.
Buena parte de la argumentación sobre la inevitabilidad de los sistemas administrativos actuales para la adjudicación de consultorías técnicas se apoya en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y su reglamentación complementaria. Esta estricta ley surge para atajar los desmanes y corruptelas sin cuento que se produjeron en las adjudicaciones de obra pública, realizadas en etapas anteriores. Sin embargo, esa cautela administrativista ha arrastrado también la exigencia de unos mayores niveles de control y transparencia en los procedimientos para la adjudicación de las concesiones, los suministros los servicios.
En lo referente a los concursos se da una paradoja que proviene de una aplicación simplista del artículo 134 de la Ley de Contratos, relativo a los criterios de valoración de las ofertas. Una lectura básica indicaría que las propuestas deben valorarse siempre teniendo como preferencia el precio más bajo o cualquier otro tipo de criterios numéricos mensurables. Con ello, se hace tabla rasa administrativa de todo un capítulo posterior que se refiere expresamente a los trabajos de arquitectura (sección 6ª del Capítulo I del Título I del Libro III). Allí se hace referencia a que las ofertas de concurso de arquitectura deben plantearse con primas de participación o pago a los participantes.
Y es que aun así las ofertas de consultoría y concursos de arquitectura son extremadamente costosos y las posibles compensaciones que se están dando a los participantes solo están cubriendo una parte pequeña del costo global del esfuerzo realizado. En otros países europeos, el esfuerzo de diseño para el concurso, en el que se expone la forma que puede tener el edificio, se remunera a todos los participantes de una manera razonable. Y, además, se estimula la presentación de ofertas cubriendo los costes de la aportación documental para la tramitación administrativa previa.
Lo que está cada vez más claro es que el trabajo específico orientado a la arquitectura pública está en un proceso de deterioro progresivo en este país. Y es que la estimación de los costes y la superación del sistema de subasta imperante, -que imponen los funcionarios de las distintas administraciones como una solución fácil- están conduciendo a un despilfarro cada vez mayor de los recursos públicos y a la explotación injusta de los profesionales también.
Propuesta ganadora para la estación de San Isidro. Concurso de intercambiadores del Tren del Sur. Metropolitano de Tenerife, Correa y Estevez, Arquitectos. Febrero de 2010. —>
Caray Federico: te estás convirtiendo en un oráculo de referencia que ya recomiendo por las cuatro esquinas de la Península, y… de la blogosfera.
Dos o tres apuntes: que a todo el mundo le resulte evidente que esta profesión, que ha sido sin duda alguna la más perjudicada por el crash, deba ser dejada a su suerte… no lo acabo de entender. Al fin y al cabo, como colectivo, ¿no ofrecemos un servicio público?
Si te sirve de referencia, creo que el drama que aquí tan bien explicas de los concursos administrativos es puramente español: la semana pasada tuve la oportunidad de preparar una oferta administrativa para una ciudad del sur de Francia, y te aseguro que TODO era más fácil, claro, evidente, y por tanto (y esto sólo lo supongo), justo; y que en la casilla “se tendrán en cuenta criterios de baja económica” figuraba un NO con mayúsculas; y eso que todo era en francés… y con el desconocimiento de la ley y formularios de ese país; aún así, el trabajo de la preparación de la oferta era (aunque no fácil), más factible.
Un abrazo, y que sigas bien. A.
Yo creo que un buen equipo técnico no tiene precio. Y un buen contratista tampoco.
Si pensamos que el coste de proyecto y direcciones de obra en España se fija alrededor de un 12%, esas bajas del 40% que se hacen por ahí suponen únicamente un 4% del coste total de obra+técnicos. Y resulta que se rebaja de la partida destinada a la calidad y viabilidad técnica del proyecto, y control económico de la obra. Es decir, la administración se ahorra una nimiedad comparado con el monto total que está en juego.
Y es que en Francia, Andrés, me imagino a cambio de no aceptar rebajas económicas no aceptan rebajas de calidad del trabajo, que es lo que se obliga a hacer aquí a los técnicos, y así nos va, con las obras mal acabadas, presupuestos y plazos disparados etc.
Eso sí, desde mi puesto de gestión pública, últimamente veo bajas en los honorarios que son escandalosas y que desde luego nosotros no fomentamos, y es que la gente prefiere trabajar a bajo precio que no hacerlo..
Saludos