Sin embargo y después de una experiencia de más de 200 años, la democracia, tal y como se conoce en los países más desarrollados, ha ido acumulando ya algunos lastres de considerable importancia. Entre ellos cabría destacar el secuestro y manipulación de las decisiones colectivas por unas elites ligadas tanto a los poderes económicos, como a las castas partidarias y los medios de comunicación que los apoyan, han ido generando un creciente sentimiento de frustración entre las capas más sensibilizadas de la población.
<---Frente al deseo de cada cual hacia lograr dirigir los factores que condicionan sus propias vidas, la realidad del poder tiende como siempre a concentrarse en unas pocas manos. Esta vez agrupado en unos liderazgos cada vez más difusos y sin rostro que se ocultan y al mismo tiempo orientan en beneficio propio el devenir de millones de personas. Una alternativa política que algunos propugnan para combatir esta tendencia natural del poder político es la que se conceptualiza como democracia participativa, una opción intermedia entre las lacras de la democracia representativa que se padece y la democracia directa como utopía en que el gobierno y la decisión sobre las cuestiones comunes no se deleguen en agentes interpuestos. La participación ciudadana sería así una estrategia para exigir y extender la capacidad de decisión política entre capas más amplías de la población, mejorando con ello, la calidad del proceso de toma de decisiones e introduciendo cada vez más la discusión y argumentación sobre opciones diversas y contrapuestas.
El tradicional pueblo suizo, que cuenta con uno de los sistemas democráticos más avanzados del planeta. Foto. VanessaK, Flickr
La actividad económica y el crecimiento urbano tienen un sustento espacial, un territorio que debe ordenarse de la manera más racional posible. Como consecuencia de esta necesidad hace más de cien años surgió el urbanismo –algunos atribuyen el concepto al catalán Ildefons Cerdá- una disciplina dedicada a orientar el crecimiento de las ciudades y que, estuvo ligada fundamentalmente a la ingeniería y la arquitectura en sus inicios. La específica tarea técnica e, incluso, artística, del urbanismo ha ido derivando hacia enormes desafueros en la última cincuentena de años, como consecuencia de sus mecanismos económicos y, entre otras cuestiones, de las gigantescas plusvalías que genera el simple proceso administrativo de recalificación de terrenos rústicos, asignándoles usos y aprovechamientos urbanos.
Los abusos y errores cometidos en el marco del urbanismo son motivo de incesantes críticas, algunas basadas en hechos incontestables y otras apoyadas desde visiones profesionales interesadas en controlar este tipo de procesos tan golosos. Así, y de una manera recurrente, han ido apareciendo nuevas aproximaciones a la forma de ordenar el territorio, lideradas desde otras disciplinas que pretenden ofrecer soluciones totalizantes a un problema extremadamente complejo que afecta a múltiples cuestiones sociales y técnicas. La necesidad de una visión holística, transversal es un factor esencial en la ordenación del territorio que nunca ha llegado a comprenderse cabalmente, impidiendo en la práctica una correcta administración y salvaguarda del entorno habitado. El esfuerzo para controlar esta materia desde perspectivas parciales, económicas, geográficas, jurídicas, ambientales, arquitectónicas, ingenieriles, etc. ha conducido a la aparición constante de nuevas recetas y panaceas de todo tipo que se revelan también fallidas a la larga.
Es el caso del planeamiento estratégico, de la visión ambientalista o del marketing territorial a los que hemos atendido en años recientes. En los últimos tiempos ha aparecido una nueva posición heredera de esta forma parcializada de abordar la ordenación territorial y que, como siempre, aventura una nueva solución definitiva a los problemas del mal gobierno territorial. Tendría que ver con una aproximación ligada a la política y la extensión de la democracia en los países avanzados a la que antes hacia referencia. Es la idea participativa de la población en los procesos de toma de decisión sobre el uso del territorio. Un argumento en principio inobjetable, pero como todo, sujeto también y posiblemente a manipulación política.
La participación ciudadana es una cuestión relevante que enlazaría de nuevo con la política con mayúsculas, por cuanto pretende la superación de las prácticas estrechas que encorsetan la democracia representativa parlamentaria. Existen ya algunas experiencias políticas que avalarían esta alternativa de desarrollo democrático hacia un planteamiento participativo de mayor calidad en la implicación de los ciudadanos en la administración colectiva.
Un ejemplo señero es el que representa la Confederación Helvética, un país altamente descentralizado en el que se toman importantes y numerosas decisiones comunes a los ciudadanos por el sistema de referendos consultivos a todos los niveles, estatal, cantonal y local.
Cartel de la campaña para la aprobación en referendum de un sistema de expulsión directa de emigrantes con problemas. Una iniciativa del derechista Partido del Pueblo Suizo- Unión Democrata Suiza
En Suiza, la democracia participativa, basada en una importante descentralización administrativa y política es una práctica con una tradición muy extendida y fructífera que se basa en un alto nivel de conciencia colectiva de la población. La articulación a múltiples niveles de los debates sobre todo tipo de cuestiones comunes ha llevado a los suizos a extender el debate hacia asuntos muy diversos y con ello, tener la posibilidad de discutir desde las cuestiones más domésticas hasta asuntos delicados como los relacionados con la seguridad nacional. Hace unos años, se produjo un ejemplo sorprendente en relación a la capacidad del país para tomar decisiones colectivas; se planteó un referéndum que tenía por objeto decidir la compra de varios cazabombarderos destinados a la defensa nacional. Un ejemplo sorprendente impensable en otros lugares, que expresaría un alto nivel de madurez democrática.
Actualmente, otro ejemplo significativo a este respecto es el que representa también el estado de California, un territorio en el que existen viejas costumbres relacionadas con la democracia directa. En 1911, el gobernador Hiram Johnson introdujo un método para la aprobación de todo tipo de iniciativas populares mediante referendos directos que allí se conocen como Propositions. Una buena idea participativa en sus comienzos ha ido derivando con el tiempo en un sistema político de gobierno imposible que está a punto de colapsar como ha reflejado un reciente artículo de la revista Economist, titulado El estado ingobernable.
California cuenta con instituciones representativas muy consolidadas que se concretan por ejemplo, en sus dos cámaras legislativas asentadas en la ciudad de Sacramento. Sin embargo, algo que podía funcionar bien a comienzos del siglo XX, cuando ese estado contaba aun con una población pequeña y homogénea se ha transformado cien años después, en un sistema impracticable, en el que la población ha crecido hasta los 35 millones de personas, formando un conglomerado territorial, social y económico complejo, con una amplísima variedad racial, de intereses económicos y, lo que es más importante, una escasísima minoría de votantes efectivos. Esos minoritarios participantes, electores, conscientes de la importancia del control político, se han polarizado por distritos irreconciliables y extremistas. Es el caso de Berkeley, en San Francisco o Santa Mónica, en Los Ángeles que se situarían en posiciones a la izquierda y Orange County o la zona central del estado, representativas de una concepción de la convivencia más a la derecha.
El actor Arnold Schwaerzenegger, actual gobernador del estado de California
La democracia directa ha ido derivando en California hacia una situación ineficiente mediante una progresiva aplicación de Propositions cada vez más crípticas y complejas (el pasado mes de Mayo, se votaron 6), que ha generado toda un ecosistema ampliamente organizado de recolectores de firmas y para la gestión de iniciativas. Un caso extremo de esta aplicación interesada del sistema referendario lo constituyó la famosa Proposition 13 que significó una autentica revolución contra la hacienda pública estatal. Fue aprobada mayoritariamente en 1978 y a partir de entonces quedó muy limitada la posibilidad de aumentar los impuestos sobre los bienes inmuebles. Para variar los impuestos es necesario conseguir una mayoría parlamentaria de dos tercios en las dos cámaras legislativas de Sacramento, una condición que impide en la práctica una activa y eficiente gobernanza en momentos de crisis.
El desarrollo de grupos de presión de todo tipo y de iniciativas legales muy variopintas ha llevado a ese estado americano a una situación de colapso financiero y a un control efectivo y exacerbado de la gestión pública por minorías radicalizadas. Según The Economist las personas corrientes ya no son las que controlan el sistema legal sino los ciudadanos más ricos, desde los magnates de Hollywood a empresarios de Silicon Valley y grupos de presión variopintos como los sindicatos de prisiones, de enseñantes y de salud que son los que promueven la mayor parte de las iniciativas. La manipulación de los medios de comunicación, campañas de correo masivo y llamadas personales producen un estado de confusión mayoritario que impide saber con certeza el contenido real de lo que se vota.
En otras partes del mundo, se observan este tipo de cuestiones con incredulidad -cuando no con envidia- y se citan como un avance necesario en la profundización de la democracia. El problema de la extensión de la participación democrática se puede enmarcar en el acaparamiento del espacio político por toda una pléyade de posiciones oportunistas que aprovechan la apertura de nuevos escenarios decisionales para sacar adelante intereses privados muy determinados. Esta epidemia de la exigencia participativa presenta otra faceta negativa que tiene que ver con el progresivo encadenamiento de los representantes políticos, realmente refrendados por el sistema electoral, a las decisiones y argumentaciones que no suelen tener un real respaldo mayoritario.
La manipulación de los medios de comunicación y el amoldamiento de la opinión pública son otras de las herramientas que se utilizan para la imposición de intereses que no suelen mostrarse con claridad. Es un campo abonado para la extensión de la demagogia y la exacerbación de las pulsiones suicidas de la población.
No obstante, son riesgos que se deben correr y combatir con las armas de la razón para lograr una extensión del poder de las personas frente a la práctica habitual del secuestro de las decisiones que nos afectan a todos por unas pocas elites poderosas.
En España, y especialmente en Canarias, este tipo de procesos se encuentran todavía circunscritos fundamentalmente al del campo de la organización del territorio y del planeamiento. Existe ya una cierta experiencia local sumamente interesante sobre este tipo de procesos que trataré de explicar en una próxima ocasión. —>
Federico: este es un tema fundamental para la ordenación del territorio y por ende a otras muchas cosas. Hay una publicación de Giovanni Sartori denominada “Homo Videns la sociedad teledirigida” cuyas citas me parecen muy acertadas en la línea de que la participación no debe ser una nueva panacea al uso.
“La mayor parte del público no sabe casi nada de los problemas públicos. Cada vez que llega el caso, descubrimos que la base de la información de la población es de una pobreza alarmante, de una pobreza que nunca termina de sorprendernos”.
“Cuando hablamos de personas “políticamente educadas” debemos distinguir entre quien está informado de política y quien es cognitivamente competente para resolver los problemas de la política. A esta distinción le corresponden grandes variaciones entre las dos poblaciones en cuestión. Es comprensible que los porcentajes dependan de cuánta información y qué cognición se consideren respectivamente suficientes y adecuadas. Pero, en Occidente, las personas políticamente informadas e interesadas giran entre el 10 y el 25 por ciento del universo, mientras que los competentes alcanzan niveles del 2 ó 3 por ciento”.
“Obviamente, lo esencial no es conocer exactamente cuántos son los ciudadanos informados que siguen los acontecimientos políticos, con respecto a los competentes que conocen el modo de resolverlos (o que saben que no lo saben); lo importante es que cada maximización de democracia, cada crecimiento de directismo requiere que el número de personas informadas se incremente y que, al mismo tiempo, aumente su competencia, conocimiento y entendimiento. Si tomamos esta dirección, entonces el resultado es un demos potenciado, capaz de actuar más y mejor que antes. Pero si, por el contrario, esta dirección se invierte, entonces nos acercamos a un demos debilitado. Que es exactamente lo que está ocurriendo”
“Y, sin embargo, es así. Estamos acosados por pregoneros que nos aconsejan a bombo y platillo nuevos mecanismos de consenso y de intervención directa de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, pero que callan como momias ante las premisas del discurso, es decir, sobre lo que los ciudadanos saben o no saben de las cuestiones sobre las cuales deberían decidir. No tienen la más mínima sospecha de que éste sea el verdadero problema. Los “directistas” distribuyen permisos de conducir sin preguntarse si las personas saben conducir”.
Rafael:
Hay que apostar por el desarrollo intelectual de los ciudadanos, evidentemente. Y junto a ello, lograr una mayor transferencia del poder de decisión sobre los asuntos comunes.
Un camino equivocado también es el despotismo ilustrado en el mejor de los casos.
Lamentablemente, lo que ocurre es que vamos en la dirección opuesta a la ilustración. Interesa mantener a la población en el oscurantismo, la distracción y el divertimento.
Y como demostración, me remito a esta orgía a la que hemos asistido como espectadores este fin de semana en Tenerife con el ascenso a la primera división de fútbol. Nuestros representantes políticos se dieron un autentico baño de masas y hasta se bañaron con los jugadores en el vestuario. ¿Qué más podemos pedir?
Y el que no está con la multitud es que es un traidor. Es que “semos de primera”
La participación pública en los asuntos públicos es un paradigma que no tiene solución real. Para que hubiera una verdadera participación la gente, “el pueblo”, debería estar informado, es decir, tener conocimiento de lo que se trata. La mayor parte de la clase política tiene claro que hay que contar con el pueblo, pero no sabe cómo, ni para qué exactamente, pero se les llena la boca con la participación pública. Pero quién toma las decisiones. ¿Muchos gritando algo tienen razón aunque sea una burrada?. Pero quién decide que cosa es una burrada o que cosa está bién. Será la sociedad que tenemos y que nos merecemos en cada momento.
Gracias Federico, por tu visita.
Enlazándola con tu texto: ¿necesitamos la democracia porque necesitamos creer “por naturaleza”?
¿hemos de cambiar este paradigma que se va quedando obsoleto?
Si encima leo los datos que apunta Rafael acerca de las personas informadas/interesadas y competentes, pues la luminosidad de este sábado se me oscurece, yo seguro no estoy dentro de esos tantos por cientos.
Así que me quedo pensando…¡uf! y te mando un beso
PD. Como otras veces, aprendo contigo, +++ muaks!