Canarias ante la crisis de nuestras vidas
Por José Carlos Francisco
Ecopress Comunicaciones. Santa Cruz de Tenerife, 2010
Este es un libro que nos ofrece a los canarios una reflexión muy inteligente sobre el punto en que se encuentra el desarrollo de esta sociedad, desde una perspectiva económica y empresarial. Como suele ocurrir con los enfoques economicistas al uso, tiene un pequeño inconveniente que consiste en la aceptación del crecimiento económico como algo ineluctable para el mantenimiento de las condiciones actuales de progreso. Sin embargo, lo verdaderamente importante de este texto es que es una contribución seria al análisis de la situación actual y la proposición de alternativas para afrontar la gravísima crisis que se afronta en esta región.
Para este político y empresario canario, la creciente expansión de los intercambios comerciales globales es un axioma inmutable respecto al que debemos plantear nuestras alternativas de crecimiento y desarrollo. Es el problema que tiene la visión unidimensional de las especializaciones intelectuales contemporáneas, entre las que la economía es una representante paradigmática que se reviste con un cientificismo dudoso. Esa perspectiva se contrapone claramente a la de aquellas otras disciplinas científicas que señalan el proceso de deterioro planetario imparable. Y desde posiciones diversas tratan de evidenciar la insostenibilidad del sistema en la presente situación de esquilmación de los recursos naturales, junto a la extensión de las desigualdades planetarias. Tanto aquella visión economicista preponderante como la que propugna el advenimiento de un holocausto ecológico ofrecen argumentos contrapuestos que pautan en nuestros días el candente debate local sobre las verdaderas posibilidades del desarrollo regional.
José Carlos Francisco es un economista canario sui generis, que es aficionado a la prospectiva sobre el futuro de esta región archipielágica. Alguien que cultiva la visión estratégica, pretendiendo indagar hacia donde se va a orientar el futuro de los negocios y con ello determinar cuales son las posibilidades de participación de una sociedad tan diminuta como la que representan las islas Canarias en ese panorama global de inciertos cambios.
Frente a la mayoría de los oficiantes de la llamada ciencia lúgubre, aquellos que nos suelen ofrecer explicaciones sobre lo que ya ha ocurrido, Francisco inicia su análisis de la situación económica de Canarias mediante la descripción, primero de su interpretación de la historia reciente de Canarias, para pasar inmediatamente a describir el contexto nacional y las expectativas de intercambio con nuestro entorno geográfico próximo, la ribera occidental africana. Esta referencia al contexto temporal y geográfico próximo, aquellos hechos y espacios que nos afectan, propone una interpretación de las condiciones globales actuales, en las que se desenvuelve este archipiélago y, con ello, entrar a hacer una somera reflexión sobre el futuro. Francisco, aporta con ello una serie de apuntes sobre cuales son las estrategias que son imprescindibles para abordar un giro hacia una nueva orientación económica, señalando cuales son nuestras fortalezas y cuales son nuestras importantes debilidades actuales. Tanto, aquellas ventajas irreproductibles con las que contaríamos como los importantes corsés que nos habríamos autoimpuesto y sobre los que podríamos actuar desde la propia voluntad colectiva.
Las islas Canarias serían algo así como una gran región metropolitana, que ha realizado en las últimas décadas un importante esfuerzo de integración interna, aumentando sus interconexiones y estimulando flujos de intercambio comercial para lograr un mercado regional más articulado y cohesionado. Un entorno geográfico en el que habitan un algo más de dos millones de personas dispuestos principalmente a lo largo de dos arcos costeros situados en las dos islas centrales de Tenerife y Gran Canaria y que históricamente se ha basado en una economía de exportación, primero de productos agrícolas y, luego directamente, de servicios.
Sobre ese marco, para Francisco, el futuro progreso de Canarias deberá volver a apoyarse indefectiblemente en la industria del ocio y del turismo. Ello por diversas razones derivadas tanto de las condiciones geográficas y naturales como del grado de desarrollo ya alcanzado. El archipiélago es un destino turístico consolidado que ocupa el 14º puesto entre los lugares más visitados del planeta con 12 millones de viajeros anuales. Las islas cuentan con unas condiciones climáticas benignas durante todo el año, que son insuperables para nuestros competidores en la temporada de invierno desde Noviembre a Abril. Ofrece unas condiciones de seguridad estables y un entorno cultural y de servicios similar al de los países avanzados de Europa. También señala como ventaja la gran calidad y diversidad de las infraestructuras turísticas existentes, así como haber desarrollado ya una gran experiencia en este campo fruto de varias décadas de trabajo continuado.
Para la mejora de las expectativas empresariales del sector turístico de las islas propone la transformación de sus núcleos consolidados en una especie de Las Vegas orientado al continente europeo. Unas aglomeraciones de servicios en las que se ofertaran actividades de ocio, entretenimiento y juego como complemento a los usos habituales de esparcimiento ligado al baño y al disfrute del paisaje. Dice al respecto, que tenemos que ser el patio europeo, o sea el lugar donde un turista pueda divertirse, además de tomar el sol y darse un baño, accediendo a un nueva clase de ocio más sofisticado con grandes espectáculos y una oferta de entretenimiento en constante renovación como ocurre en la ciudad americana del estado de Nevada
Hotel New York New York, Las Vegas
Establece un punto de inflexión a este problema en 2003, año en que se aprueba la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo. A la que considera un monumento a la ambigüedad y el exceso, un texto que ha pretendido establecer un marco coherente para el control del territorio, pero que desgraciadamente se ha revelado desproporcionado con sus numerosos preceptos de difícil y obligado cumplimiento. Si consideramos que junto a la Ley de Directrices se han aprobado posteriormente numerosos Reglamentos, Órdenes y nuevas leyes que inciden en aumentar el confusionismo, el panorama es realmente desalentador. Señala como consecuencia un perverso efecto económico que relaciona con este dificultoso marco legal en el manejo del territorio, el continuado deterioro del índice de nuestra convergencia con España y el resto de la Unión Europea en lo que se refiere al PIB per capita.
En otra línea, es muy interesante la reflexión que le merece la legislación autonómica sobre el territorio. Aquella que se ha ido acumulando en esta región a lo largo de la última década. A interpretar las claves legales del devenir del desarrollo último en Canarias dedica un capítulo titulado significativamente La vorágine legislativa. Allí expone una crítica extendida entre la clase empresarial que no por cierta, deje de ser simplista. Señala que, cuando en cualquier lugar de Canarias un emprendedor se plantea iniciar una actividad económica, te das cuenta que el territorio elegido, está regulado por multitud de leyes, decretos, planes vinculantes, etc. Y se han hecho tantas, que en ocasiones son incluso contradictorias, de modo que lo que te permite una regulación te lo impide otra. Refleja con ello claramente uno de los problemas más graves que padece actualmente el archipiélago, el exceso de legislación sobre el territorio con un carácter confuso y ambiguo. También, en muchos casos, incongruente y de difícil interpretación por el ciudadano corriente.
En otra línea, es muy interesante la reflexión que le merece la legislación autonómica sobre el territorio. Aquella que se ha ido acumulando en esta región a lo largo de la última década. A interpretar las claves legales del devenir del desarrollo último en Canarias dedica un capítulo titulado significativamente La vorágine legislativa. Allí expone una crítica extendida entre la clase empresarial que no por cierta, deje de ser simplista. Señala que, cuando en cualquier lugar de Canarias un emprendedor se plantea iniciar una actividad económica, te das cuenta que el territorio elegido, está regulado por multitud de leyes, decretos, planes vinculantes, etc. Y se han hecho tantas, que en ocasiones son incluso contradictorias, de modo que lo que te permite una regulación te lo impide otra. Refleja con ello claramente uno de los problemas más graves que padece actualmente el archipiélago, el exceso de legislación sobre el territorio con un carácter confuso y ambiguo. También, en muchos casos, incongruente y de difícil interpretación por el ciudadano corriente.
Una derivación de ese esfuerzo legal es el que se relaciona con la moratoria turística integrada en la Ley de Directrices y que ha paralizado el deseable proceso transformador y renovador de las iniciativas turísticas, detenidas desde 2003 como consecuencia del traslado del proceso decisor directamente al parlamento autonómico. Esas nuevas autorizaciones solo pueden establecerse en determinadas circunstancias muy precisamente tasadas en las que se prima en exclusiva un determinado segmento de la oferta turística, el que corresponde a los llamados proyectos excepcionales, orientados a la gama alta del negocio y que necesitan para su consideración obligatoriamente el complemento de campos de golf, puertos deportivos u otros servicios complementarios. Pocos se han llegado a tramitar y aprobar en estos siete años y los escasos que han obtenido la autorización parlamentaria preceptiva no han podido desarrollarse al entrar la economía en recesión profunda.
Por ello, Francisco señala la urgente necesidad de proceder a la reordenación de la legislación autonómica del territorio Y como dice acertadamente: es, sin duda, una de las reformas más urgentes. Debemos hacerla nosotros, porque aquí no pasa con la reforma laboral, que es competencia del Estado, así que será una tarea para los canarios.
Grado de adaptación a legalidad urbanística de los municipios canarios. En rojo, los que se ha adaptado a la Ley de Directrices de 2003, en naranja, los adaptados a la Ley del Territorio de 1999. En gris, el resto.
También, este analista incide en cual es la influencia sobre aquellos problemas que los propios funcionarios y los políticos -en relación al papel de las administraciones públicas- tienen sobre los destinos de la región.
Francisco tilda a lo que ocurre sobre esta cuestión como la existencia de un régimen de mandarinato -en referencia a los funcionarios homónimos existentes en la China Imperial- en la que la actuación de funcionarios y políticos se retroalimentaban en su propio beneficio, olvidando el necesario servicio social al que teóricamente deberían dedicarse. Como también ha señalado George Soros, en nuestros días, las castas administrativas tienden a generar sus propias agendas para la defensa de sus intereses corporativos particulares. Una deriva que se acentúa cuando la clase política situada en la cúspide de la pirámide democrática está compuesta fundamentalmente por personas que están ligadas a la esfera pública.
Pero aquí hace una simplificación peligrosa al establecer esa comparación como algo que ocurre en el conjunto de las administraciones públicas y el personal que le sirve. Eso no es realmente así ya que la capacidad decisoria queda reducida solamente a una élite y el grueso del sector público que integra la educación y la sanidad poco o nada tienen que ver con el manejo económico de la región.
Lo que si sería acertado del apunte es que aquí, en Canarias la hipertrofia legal alimenta una burocracia administrativa excesiva en Ayuntamientos, Cabildos y Consejerías sectoriales que, en consecuencia, representan un impedimento muy importante para una posible transformación positiva de la economía canaria. El espacio que ocupan las administraciones locales y autonómicas ha ido estableciendo una madeja de competencias superpuestas que impiden un normal desenvolvimiento de las empresas y particulares. Las autorizaciones administrativas son hoy en día una losa gravísima que desincentiva una posible recuperación de la actividad y el empleo.
Para corregir este grave problema, José Carlos Francisco plantea una necesaria racionalización de las administraciones de carácter generalista, aquellas que otorgan licencias, permisos e informan jurídica y técnicamente. De acuerdo a ello, propone una drástica reducción de las administraciones locales en los ámbitos insulares y la eliminación de la superposición competencial entre las distintas esferas que rigen los destinos comunes de los ciudadanos canarios. Señala dos problemas que habría que abordar: su excesivo tamaño respecto al conjunto de la economía y la creciente ineficiencia de sus acciones. Se derivaría de ello una necesaria racionalización de la función pública. Sobre todo, en un momento en que las diferencias entre los que pagan los impuestos y los que viven de ellos se han incrementado positivamente para los segundos estableciéndose sangrantes privilegios.
Es más, exige la necesidad de empezar a medir el desempeño de la acción propia de las departamentos administrativos instituyendo objetivos de trabajo y valorando los resultados como única manera de establecer racionalmente la eficacia de los servicios que supuestamente se deberían prestar. Así, es como, atendiendo a indicadores internacionales, es capaz de establecer un diagnóstico sobre dos sectores clave en el sector público canario. Mientras la sanidad tendría un buen desempeño y ofrece una buena calidad en comparación con otras regiones del estado, la educación sería un absoluto fracaso. Este es un esfuerzo que debería hacerse y extenderse al conjunto de las administraciones públicas, locales y autonómicas.
Un libro valiente que, más allá de las quejas y lamentos habituales ofrece un análisis global y un marco riguroso de alternativas sobre las que establecer una discusión sobre el futuro colectivo de esta región. Y lo que es más valioso, en un momento de crisis extrema que se refleja en una cifra de paro que supera el 30% de los activos sin parangón en el resto del estado español.
El José Carlos Francisco este tiene una cara que se la pisa, alucinante.
El modelo de transformar los núcleos turísticos principales en zonas de ocio, entretenimiento y juego ya existe en algunas comunidades españolas, aunque de forma muy concentrada. Qué es si no Terra Mítica en Valencia, el parque Warner en Madrid o el casino Gran Scala que quería construirse en Los Monegros. De ahí iba a surgir 32 casinos, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, un campo de golf, un hipódromo, una plaza de toros, un cámping, réplicas de las pirámides egipcias, de los templos romanos y hasta una del Pentágono que serviría de hotel para Spyland, un parque temático sobre el espionaje. Todo por el entretenimiento, el ocio y el juego. Bajo mi humilde visión este tipo de propuestas requieren una gran inversión de capital, son grandes consumidoras de territorio y muy exigentes en energía. Justo lo que no necesita Canarias.
Tal como indicas al inicio de tu artículo me parece que a la reflexión del autor le falta introducir la variable medio ambiente. Algo comprensible tratándose de un autor que desempeñó cargos políticos de relevancia. La clase política canaria no ha dudado en modificar o variar las normas de conservación necesarias para impulsar ciertos proyectos, obviando de forma deliberada el medio ambiente. Canarias, con 12 millones de visitantes al año no podrá asumir muchos turistas más. Sí deberemos avanzar en conseguir que esos 12 millones de visitantes gasten más.
Sí estoy de acuerdo con el autor en el gran galimatías en el que se ha convertido la legislación autonómica sobre el territorio y en la necesidad de racionalizar el gasto de las administraciones.