Centro de atención a visitantes, “Infobox”. Las Teresitas, Dominique Perrault. 2006
La playa de Las Teresitas en Tenerife es un lugar que ha adquirido un estatus como recinto de ocio público inalienable para los habitantes de la ciudad de Santa Cruz. También ha representado para algunos una gran oportunidad de negocio, al haber logrado privatizar indirectamente unas plusvalías ligadas a su valor colectivo. Finalmente, es un ejemplo de una forma negativa de hacer política, lastrada por la sombra de la corrupción urbanística y la evidencia de un engaño ligado a unas supuestas mejoras en su forma de uso.
Fruto de esas tensiones solapadas, Las Teresitas se ha convertido en el escenario de una lucha soterrada en el que se dirimen contiendas económicas y políticas que han ido perjudicando cada vez más al conjunto de la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife. Dada la amplía difusión que ha tenido este caso, muchos se han sentido enormemente defraudados y engañados por los responsables políticos que han lidiado con esta situación en el pasado. Sin embargo, y a pesar de los desencuentros, convendría seguir buscando una vía para superar los desaguisados ya cometidos y solucionar -de una vez por todas- los problemas que sigue teniendo la playa como lugar de uso y disfrute para la mayoría de los que habitan esta ciudad.
Hoy en día, es también un tramo apetecido de la costa insular espacio que languidece ante la incapacidad para poder llegar a un acuerdo ciudadano sobre como terminar de adecuar un lugar geográfico que se recreó hace varias décadas. La cuestión se ha agravado recientemente con la constatación de la amenaza que supone la acción de las mareas para el vecino barrio costero de San Andrés.
La historia de la generación de ese espacio de ocio surge en la década de 1960 cuando, en plena eclosión y efervescencia del desarrollismo, unos cuantos prohombres de la ciudad se propusieron utilizar un área improductiva como ámbito para hacer una operación urbanística de calado. Se trataba de poner en valor inmobiliario unos terrenos baldíos y estériles atendiendo a las incipientes apetencias y posibilidades de uso sobre la costa. Esta iniciativa urbanizadora, al igual que muchas otras que surgirían entonces en toda España, recibiría un empuje con la promulgación posterior de una ley que permitía la colonización indiscriminada de la ribera del mar con destino a iniciativas turísticas. Así, unos terrenos al borde de una playa incomoda se reconvirtieron legalmente en urbanizables y contaron además con el apoyo de la ejecución de una acción de ingeniería marítima. Esa zona se convertiría así en un espacio altamente accesible a los bañistas, con una extensa lámina de agua protegida de las inclemencias del oleaje y dotada de una amplía superficie de arena rubia, traída al efecto desde el cercano desierto del Sahara.
De acuerdo al objetivo de los promotores de la urbanización y contando con el apoyo del Ayuntamiento, aquella operación -sufragada mayoritariamente con dinero público- sería el catalizador para el desarrollo de una gran urbanización en esa parte extrema del municipio. Según la argumentación aportada –algo que desde entonces se ha convertido en un recurso y coartada habitual para este tipo de operaciones- con ello se generarían riqueza y numerosos puestos de trabajo, tanto en el momento de la construcción como en la posterior explotación de las nuevas infraestructuras. Visto desde la perspectiva actual, aquella urbanización hubiera supuesto una masiva colonización edificatoria en un entorno caracterizado por fuertes desniveles y la presencia de importantes valores naturales. De acuerdo al plan urbanístico, desarrollado al efecto entonces, se construiría la totalidad de las laderas traseras a la playa con torres y bloques que se dispondrían en unas condiciones topográficas muy adversas y que, debido a ello, hubieran generado un impacto paisajístico deplorable por su magnitud.
El intenso afán especulativo desatado, las múltiples controversias entre los distintos actores intervinientes y las dificultades inherentes al desarrollo de la propuesta llevarían a su bloqueo durante muchos años. Diversos litigios judiciales relacionados con la constitución de la entidad privada que tendría la responsabilidad de su ejecución -y en la que muchos de los propietarios del suelo se verían envueltos sin quererlo- frenaría la radical transformación propuesta y aprobada por el Ayuntamiento en sus inicios.
Propuesta de reforma de la playa de Las Teresitas. Maqueta de la intervecnión. Dominique Perrault.
A comienzos de los años 80, el problema lo heredaban los ediles de la primera corporación democrática de Santa Cruz, que lo enmarcarían en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. El encauzamiento de una posible solución que superara el bloqueo existente quedaría plasmado en aquel documento para la planificación del desarrollo de la ciudad, aprobado definitivamente en 1992 y que 20 años después, aun sigue vigente. Sería el resultado de un intenso proceso negociador en el que se involucrarían tanto los promotores como los responsables municipales y que contó, ya entonces, con un incipiente movimiento de contestación ciudadana a la concertación asumida.
La solución propuesta por los técnicos responsables de la redacción de aquel plan urbanístico, que revisaba la idea inicial, apostaría por una reducción radical de la superficie comprometida y la disminución a menos de la mitad de la edificabilidad otorgada por el anterior estatuto legal. Según aquella idea, la ordenación urbana se dividiría en dos partes, una organizaría el frente de playa y otra ocuparía el valle trasero de las Huertas. La idea urbanística aprobada entonces para el ámbito de la playa hubiera supuesto la construcción de un inmenso edificio laminar continuo de 9 plantas de altura, destinado a varios hoteles, que se desplegaría a lo largo de todo el frente de la playa artificial realizada y se complementaría formalizando un gran viario central para articular el espacio construido con las zonas de baño y paseo. Aquella avenida integraría un paseo peatonal y plazas de aparcamiento públicas destinadas a los usuarios de la playa. De haberse hecho, probablemente se hubiera logrado una formalización urbana escenográfica de baja calidad, con unos edificios estéticamente sometidos al fuerte interés especulativo de los promotores privados, volcados entonces en lograr un nuevo espacio para el desarrollo residencial. Un diseño que ignoraba completamente el entorno paisajístico al que daba la espalda y generaría así unas zonas traseras sin un tratamiento adecuado de transición de jardinería ni accesibilidad peatonal. Así, el problema se habría cerrado en falso con una mala organización arquitectónica que era, probablemente, el resultado de las tensiones especulativas en acción. Un nuevo error colectivo que se encontró con una oposición creciente de los ciudadanos a una iniciativa que supondría la privatización de un espacio que ya tenía una consideración eminentemente pública en el imaginario común. De hecho, ante la falta de apoyo, los problemas judiciales y la escasa capacidad financiera de los impulsores iniciales, esta segunda alternativa tampoco ha podido desarrollarse.
La creciente oposición popular y la búsqueda de otras posibilidades llevarían a los responsables municipales a la convocatoria en el año 2000 de un concurso internacional de ideas para la reordenación del frente de la playa. Al mismo se invitarían a varios arquitectos internacionales reconocidos junto a otros equipos de profesionales locales. El jurado constituido al efecto otorgaría el primer premio a la propuesta presentada por el arquitecto francés Dominique Perrault. Su idea recogía gran parte de las reivindicaciones colectivas al proponer una solución en la que se eliminaba gran parte de la edificación prevista en el frente de la playa y, con ello, se disminuía nuevamente de una manera considerable la edificabilidad asignada. Al mismo tiempo se proponía una plantación masiva de arbolado en la franja colindante con la arena, actualmente ocupada por aparcamientos. Se propondría concentrar allí los servicios a los usuarios en puntos específicos, añadiendo así nuevos atractivos para la práctica deportiva en esa superficie.
Puerto Deportivo, Promotorio y Ciudadela. Zona Oeste de la intervención propuesta por Perrault, ganadora del concurso celebrado
Sin embargo, la propuesta adolecía de una visión excesivamente arquitectónica y recurriría debido a ello a la proposición de nuevas edificaciones con destino a un recinto de congresos, centro comercial y varios hoteles que ocuparían los espacios donde están actualmente ubicadas tanto el local social de los pescadores como la totalidad de la superficie del montículo de la batería de defensa costera que existía anteriormente en su extremo oeste. Es lo que la propuesta del concurso denominaría eufemísticamente como la ciudadela y el promontorio, unos recintos en los que se colocarían edificios de volumen considerable y que albergarían aquellos usos señalados. Nuevamente, estos nuevos aprovechamientos lucrativos serían el germen de la situación actual de bloqueo institucional, ya que una parte de lo propuesto se colocaría supuestamente dentro del dominio público marítimo terrestre y generaría así nuevas expectativas empresariales.
Las arquitecturas propuestas por Perrault tampoco contribuirían a generar la confianza necesaria para sacar adelante un proyecto de este tipo. Su estética fría, de volúmenes cúbicos, inspirada en mallas metálicas y transparencias que enmascaran la edificación, genera suspicacias populares y se adapta mal a un entorno paisajístico caracterizado por las visiones distantes. Si añadimos a lo anterior que esas nuevas arquitecturas que se proponían se concentran justo en el punto de único acceso al recinto, tenían una volumetría considerable y significan la radical transformación de la geografía preexistente, el conflicto estaría nuevamente servido. Ese cuello de botella innecesario podría suponer la asignación de facto del espacio colectivo de la playa a los usos privados que se situarían allí y que ejercerían de alguna manera el control de acceso. Toda una serie de argumentos negativos que invalidarían nuevamente ante la ciudadanía aquellas propuestas en las que se concentró el esfuerzo técnico, político y empresarial durante la pasada década.
La solución final adoptada por el arquitecto francés en el proyecto ejecutivo definiría la forma de construcción de esos espacios privatizados con destino a actividades generadoras de movimiento económico. Unas posteriores actuaciones administrativas discutibles, que han autorizado el inicio de unas obras no consensuadas con el estado, responsable de la costa, han derivado finalmente en el dispendio de varios millones de €uros en una construcción que ha sido paralizada y sobre la que pesa un acuerdo municipal de demolición. La acción posterior de denuncia de algunos ciudadanos y el amparo judicial ha acabado añadiendo aun una mayor confusión a una situación ya muy compleja de por sí.
Maqueta del hotel a situar en la ciudadela
Todo un ejemplo de como ciertos proyectos públicos mal enfocados, y sobre los que pesan intereses económicos enmascarados, acaban generando una enorme insatisfacción y el rechazo colectivo. Es un hecho que la creciente intervención en los procesos de actuación pública de un mayor número de agentes está conduciendo a una paralización cada vez grave del progreso y la mejora de la vida en común.
Ante estos hechos, los ciudadanos de Santa Cruz deberíamos reclamar mayor cordura a aquellos que administran nuestros recursos colectivos. E intentar también contribuir a clarificar la situación y apoyar una racionalización sobre las posibles soluciones a un problema enquistado desde hace varias décadas.
En principio, no parece lógico derribar totalmente una edificación ya realizada, al margen de que haya sido ejecutada supuestamente en base a defectos formales para su autoirzación. En el caso de que ocupase parte del dominio público podría legalizarse por la vía de la concesión administrativa temporal de ese espacio. O en cualquier caso, lo ya edificado siempre puede mantenerse en su mayor parte, demoliendo aquellas superficies situadas dentro de lo ocupado en el dominio marítimo terrestre. Algún uso podrá tener lo ya hecho, considerando que se prevé que lo ejecutado forme parte de un gran aparcamiento subterráneo destinado a los usuarios de la playa y que en la idea propuesta finalmente quedaría enterrado bajo la rasante de un futuro paseo. Su superficie superior podría albergar algunos servicios de atención al público que actúen como antesala de la playa, sin ocupar más espacio ni aumentar alturas.
En segundo lugar, habría que mantener y activar la idea de convertir la playa en una frondosa zona de árboles, palmeras y otras especies de vegetación tropical. Un recinto en el cual se podrían situar los imprescindibles servicios de vestuarios y aseo, pero también instalaciones deportivas, restaurantes, kioscos con terrazas y demás espacios de ocio previstos en el proyecto del arquitecto francés. Y ello, porque las necesidades de los usuarios de la playa siguen existiendo y el abandono de lo ejecutado hace ya bastantes años hace recomendable todavía la mejora en ese sentido. Una instalación para la práctica de ejercicios acuáticos monitorizados y el baño terapéutico podría ser también una iniciativa complementaria de interés ahí, ya que hay capacidad aprovechable más que suficiente.
También parece razonable la ejecución de un paseo peatonal que bordee el litoral, que articule de alguna manera la lámina de arena existente con las futuras zonas arboladas y permita el acceso de los usuarios de la playa a aquellos servicios proyectados. Como complemento se debería permitir un acceso rodado restringido y las localizaciones adecuadas para garantizar una provisión de suficientes plazas de aparcamiento, considerando la fuerte demanda de uso que se produce en los meses de verano.
Dada la situación de enconamiento popular a la que ha conducido una administración inadecuada de lo público, y también las desmedidas apetencias económicas de algunos, lo que debería eliminarse definitivamente en el frente de playa es la localización allí de usos que generen expectativas especulativas de enriquecimiento. Tanto el centro comercial como los hoteles previstos deberían olvidarse definitivamente en aras de una concertación con el interés ciudadano.
La realización de un nuevo proyecto que incluya lo señalado más arriba u otras opciones alternativas que surjan del debate es el camino para lograr tener un espacio de ocio con el que se encuentren conformes los habitantes de Santa Cruz de Tenerife. El problema es la obtención de los recursos necesarios para ejecutar las obras que se consensúen y como acometer la gestión de su realización en un próximo futuro.
Y, fundamentalmente, lograr una forma de comunicar, explicar y contrastar con la ciudadanía lo que se vaya a proponer. Para que se perciba realmente y en su justa magnitud aquello que se vaya a hacer desde la esfera pública. Es una forma, insoslayable hoy en día, de comprobar sin ningún género de dudas que ese esfuerzo se realizará efectivamente en beneficio colectivo. Sin manipulaciones interesadas desde todas las partes involucradas y proclives a mantener un conflicto abierto indefinidamente.
El caso es el de siempre el “mamoneo” que se traen nuestros políticos siempre lo terminamos pagando los ciudadanos :S Ylas Teresitas es algo que ya se está quedando en el olvido del Consistorio santacrucero, ahora es primordial la playa al frente de Santa Cruz en el muelle… Lo que está claro es que nos gobiernan un atajo de seres que sólo miran por el bien propio y de algunos y que siempre hemos de estar ojo avizor porque a la mínima que nos intentan vender algo “por nuestro bien”, saltan las alarmas ciudadanas y todos de cabeza a los juzgados a poner denuncias porque no nos lo creemos.
Añadir que estoy totalmente de acuerdo con las soluciones finales que expones para Las Teresitas y que si algún día se ejecutasen todos ganaríamos
Retomar con tus enseñanzas el tema casi eterno de Las Teresitas es un lujo. Así estás en mis favoritos.
Te recordé varias veces en Edimburgo, paseando por la New Town y el diseño de James Craig.
Un beso, Federico.
Estando básicamente de acuerdo con la reflexión que haces Federico (y no estándolo con las expresiones y afirmaciones de Tomás), me surge un par de dudas:
1 ¿cuál es us opinion del proyecto de Perrault al margen de todos los procedimweintos judiciales, líos administrativos etc? (y todo ello a la espera de que la “justicia” diga algo.
2 Como sabe hay unos intereses privados, que pesan sobre determinados terrenos y que probablemente se vuelvan a reclamar, y de nuevo pasen a manos privadas y además con unas condiciones urbanísticas nefastas para ese “interés generales de los ciudadanos” ¿cómo se conciliaría eso con el uso de la playa?
y 3 ¿qué opinión le merecen los actuales “kioskos” y suipuestos servicios de la playa?
saludos
Valoro tu forma de acercarte al problema, enquistado como dices, de forma positiva y propositiva con el ánimo de aportar soluciones en lugar de ahondar en lo negativo. En cualquier caso considero que si se demuestra que el edificio de aparcamientos es ilegal debería derribarse a la mayor brevedad. Canarias y en concreto Lanzarote tiene una larga lista de construcciones ilegales (algunas de ellas financiadas con fondos europeos y dentro de espacios naturales) que aún hoy están en pie y que se saltan a la torera la amplia legislación urbanística que existe. En mi humilde opinión, en Canarias no hacen falta más leyes urbanísticas, lo que es necesario es que se cumplan las que existen.
La crisis inmobiliaria, subconjunto de la crisis económico, social y ambiental, es el resultado de considerar el territorio como una fuente de ingresos sin ningún tipo de límite o regulación. Y aquí ha jugado y continúa jugando un papel fundamental el procedimiento de recalificación de terrenos. Un proceso en el que las administraciones públicas han desempeñado un papel central (algunos ayuntamientos se convirtieron en auténticas inmobiliarias) porque son los que han procedido a dar carta de naturaleza a dichas recalificaciones, muchas veces a instancias de un poder económico pujante, al que le ha interesado una mayor desregulación y ausencia de cortapisas. En la experiencia de Las Teresitas, todos los proyectos planteados que tan claramente relatas en tu artículo, se han basado en tratar de maximizar las plusvalías privadas de un espacio natural y público. Este y no otro ha sido el principal problema en un espacio que es de todos, que es estratégico para la ciudad de Santa Cruz y que está vinculado a muchas emociones de la gente. Mientras se intentaba maximizar el interés privado se han dejado de lado las auténticas necesidades de los ciudadanos que son los que votan, los que pagan, los que disfrutan de la playa y para los que no se está gobernando en esta época miserable que nos ha tocado vivir. Los ciudadanos no solo deben exigir cordura a sus representantes como tú dices. Deben exigir con firmeza que se cumpla la ley y sobre todo más y mejor democracia. Lo que está pasando con la democracia en general en esta época de presuntos rescates financieros es de vergüenza.
Probablemente el establishment de la arquitectura y el urbanismo no estará de acuerdo pero en todo este embrollo hay otra cuestión que creo ha afectado negativamente. Es la de querer proporcionar un gran proyecto a la ciudad bajo la firma de una figura del Star System. ¿Es la firma la que da renombre o es el proyecto en sí? Barcelona 92 y el efecto Guggenheim existieron y fueron un éxito. Todo lo que ha venido detrás, todos los intentos deliberados para que cada ciudad tuviera un edificio (¿escultura?) de firma internacional, consumiendo grandes espacios públicos e indecentes sumas de dinero del contribuyente, han sido un fracaso desde el punto de vista ciudadano y democrático, aunque un rotundo éxito para quien las promovía y construía. No se edificaba para la gente, se construía para un sector concreto de esa gente, aprovechando una burbuja inmobiliaria gigantesca que en muchos aspectos ha servido para satisfacer la vanidad de unos arquitectos encumbrados al Olimpo de los dioses y unos promotores con idénticas intenciones faraónicas. El espacio público ha estado modelado históricamente por las fuerzas económicas. En la mayor parte de los casos han triunfado sobre los intereses públicos y ciudadanos. Lo que ha pasado en Santa Cruz es un ejemplo paradigmático de ello donde la necesidad social de unas obras hipercaras no se justifica, existiendo otras necesidades perentorias. Cada vez que se propone una intervención en Santa Cruz se dice que va a situar a la ciudad en la órbita internacional. ¿Cuántas llevamos ya? ¡Por favor, que nos cuenten otro cuento!
¿Es realizable un proyecto para la playa de Las Teresitas donde se conjuguen criterios democráticos, ambientales y estéticos desde el punto de vista de la arquitectura? Rotundamente sí.
Contestando a la voz anónima, me parece que el proyecto de Perrault que resultó ganador al concurso era esencialmente correcto. Siempre me pareció un buen proyecto, aunque como todas las cosas, yo le hubiera hecho unos retoques.
Creo que el edificio pantalla que proponía en el enclave de la batería era excesivo y hubiera generado un impacto visual innecesario. Yo lo suprimiría directamente y hubiera concentrado los servicios ligados ala acceso a la playa donde hoy se ubica la Cofradía de Pescadores con un tamaño razonable. Es decir sin sobre pasar las 2 alturas.
Respecto a la segunda cuestión, debemos considerar que lo cierto es que ha habido ya un trasvase de unas cantidades muy importantes de dinero público que deben devolverse y no se ha hecho. Si de lo que se trata es de terminar ese procedimiento por el cual esas parcelas deben pasar a propiedad colectiva de acuerdo a lo manifestado mayoritariamente por la población, en mi opinión, lo que habría es: Primero, hacer una nueva tasación de esas propiedades, a efectos de expropiación según los cambios legislativos acaecidos (ya no se aplica el llamado valor de mercado o expectante, sino el que surja del cálculo del valor residual del suelo neto) y también, establecer claramente si los terrenos afectados eran originalmente públicos o privados y en que cuantía.
Segundo, efectuar una actualización contradictoria de lo ya pagado indebidamente, teniendo en cuenta el incremento de precios al consumo.
Tercero, expropiar e indemnizar a los propietarios afectados, abonando lo que proceda. O, también en su caso, que se produzca la devolución de la diferencia excedida de lo pagado en su momento.
Me parece que la expropiación de derechos es la forma de solucionar este contencioso, ya que la construcción de esos edificios que se propusieron para el frente de playa iría contra el interés público ya que afectarían a la funcionalidad y disfrute de la playa.
Es una opinión personal. Los leguleyos que azuzan este caos seguirán diciendo disparates sobre que es lo que procede. Sin embargo, la justicia debe de terminar de
Contestando al amigo Oikos (que me gustaría conocer alguna vez), me parece que si se determina fehacientemente que el edificio realizado es ilegal caben dos solucione: a) derribarlo b) legalizarlo mediante concesión administrativa.
Yo me inclino por la segunda alternativa puesto que no todo lo hecho está dentro del dominio público (es hasta muy posible que no haya nada dentro). Y si lo hubiera, la Dirección General de Costas puede realizar una concesión administrativa por varias décadas como se ha venido haciendo en otras partes del litoral. Y en este caso, además hay una razón de interés público, ya que lo ejecutado es para un aparcamiento subterráneo al servicio de los usuarios de la playa.
A este respecto, tendríamos que considerar que el mismo procedimiento que establece la Ley de Costas para definir la línea que limita el dominio público y establece las áreas de servidumbre y protección no es nada científico ni claro. Algo que ha dado y seguirá dando numerosos problemas en todo el litoral español. Han pasado ya más de 25 años desde la aprobación de esa ley, que estableció una incautación injusta de los bienes y derechos existentes con anterioridad en ese territorio y me parece que deberíamos exigir que se revise cuanto antes porque tiene tantos problemas como beneficios genera.
Con respecto a la ilegalidad que existe en Canarias, estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo que tenemos es una especie de fariseísmo social en que cuando una ilegalidad afecta a otros se pide que actúe la ley con toda su contundencia, pero cuando me afecta directamente o siento como funcionario o político el aliento de los afectados se buscan todo tipo de subterfugios para atenuar sus efectos.
Lo que señalas respecto a la colonización de la política y el sometimiento de aquellos que nos administran a los intereses de quien maneja el dinero es un axioma en el capitalismo. Es más, como señala David Harvey en Social Justice and the city, la planificación urbanística -tal como la concibió la socialdemocracia- está sometida al dictado de esos intereses particulares en todos los lugares por mucho que los que se dedican a esto, intentemos que prevalezca el interés colectivo. Siempre se cuelan de rondón, negocios de todo tipo con el uso del suelo. La mejor opción para mí, es que los terrenos en los que se va a producir la expansión de la ciudad o que van a mejorar sus expectativas de renta, sean expropiados previamente a la aprobación de los planes como medida esencial para que el grueso de las plusvalías que se van a generar puedan quedar dentro del patrimonio colectivo ya que somos todos los ciudadanos las que realmente las generamos y no el que monopoliza el suelo.
Lo del star system arquitectónico ya lo he comentado en otras ocasiones: En la mayor parte de las ocasiones es una nueva argucia para que comulguemos con ruedas de molino y negocios especulativos impresentables.
[...] información: El estropicio del caso Mamotreto. Diario de Avisos, 26/12/2014 Las Teresitas, una playa controvertida. Islas y territorio [...]