En los últimos años, la región canaria ha hecho un esfuerzo ímprobo con el objetivo de mejorar los documentos urbanísticos que ordenan los distintos territorios insulares. Ello ha venido motivado por la aprobación sucesiva de una batería legislativa muy profusa y compleja que definía la obligación sucesiva de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico.
La entrada en vigor de la Ley del Territorio de Canarias en el año 1999 abrió el camino a un conjunto de leyes que configuran un panorama legal sobre la ordenación espacial del archipiélago que casi puede presumir de ser el más complejo del conjunto corpus legales con los que cuentan las distintas regiones europeas. A partir de la aprobación en el año 2000 del texto refundido de las Leyes del Territorio y Espacios Naturales de Canarias se han sucedido el Decreto de Estándares Turísticos de 2001, la Ley de Viviendas y las Directrices de Ordenación de 2003, el Reglamento de Gestión de 2004. la modificaciones de la Ley de Viviendas, la del Territorio y el Reglamento de Procedimientos de 2006.
El nivel de complejidad legal alcanzado lo refleja éste último cuyo título indica la necesidad final de aprobar un Reglamento para regular los procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias.
Sin embargo, esta preocupación por dotar al archipiélago con una base legal solvente no se adapta a una realidad presidida por el consumo desaforado de suelo donde la indisciplina es patente y en la que el fracaso de las administraciones para controlar los usos del suelo está condicionando gravemente la pervivencia a largo plazo de este modelo territorial.
Dentro de este panorama, actualmente el esfuerzo de la disciplina urbanística está centrado en la definición precisa del mosaico de usos del suelo a través del planeamiento general. Este planteamiento responde a los criterios sobre los que se sustenta la profusa legislación a la que se hace referencia. Sin embargo, un problema que se plantea es la indefinición sobre el tipo de ciudad o de asentamiento que se quiere producir.
La ausencia de reflexión sobre la forma de la urbanización que se quiere llevar a cabo y sobre los tipos edificatorios que van a definir el entorno habitado es patente. Ello estás dando lugar a aberraciones territoriales que conforman un territorio degradado en el que la calidad de vida y la relación humana están claramente olvidadas.
Los responsables políticos y sus técnicos deberían prestar alguna atención a la consecución de una forma urbana más correcta para evitar el progresivo deterioro territorial de nuestras islas, algo que está afectando seriamente a la convivencia en esta región.
